La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, reunida el sábado 17 de enero en la sede de la ANEF, manifiesta su profunda preocupación frente a las señales políticas y jurídicas emitidas en el contexto de la llegada del nuevo gobierno, especialmente en materias que afectan directamente la memoria histórica, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Como organizaciones de derechos humanos y sociales, observamos con atención la relación que la nueva administración de gobierno, que llegará en marzo, y que establecerá con los Sitios de Memoria, espacios fundamentales para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El debilitamiento, relativización o abandono de estas políticas sería un grave retroceso democrático y una afrenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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Este lunes 19 de enero, Alicia Lira, presidenta de AFEP, y Raquel Roa, secretaria general de AFEP, se reunieron con el nuevo embajador de Cuba en Chile, Oscar Cornelio Oliva, donde le expresaron su solidaridad con Cuba que ha sido amenazada por el presidente Trump y que por más de 63 años ha sufrido un bloque económico por parte de los Estados Unidos. Recordemos que en octubre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó nuevamente una resolución, por amplia mayoría (165 votos a favor, 7 en contra) que condena el bloqueo a Cuba. En la reunión, Alicia Lira también agradeció las becas que se dieron a hijos de familiares de ejecutados políticos que en el pasado pudieron estudiar gratuitamente medicina en Cuba. AFEP ha mantenido una relación de muchos años con Cuba.
Declaración pública
Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra profunda preocupación y estado de alerta frente al posible nombramiento, por parte del presidente electo José Antonio Kast, del abogado Fernando Rabat como Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Dicha preocupación se funda en que el señor Fernando Rabat integra el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, fundado por Pablo Rodríguez Grez, líder y fundador de la organización terrorista Patria y Libertad, responsable, entre otros crímenes, del alevoso asesinato del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, René Schneider. Asimismo, en su calidad de integrante de este estudio, el señor Rabat fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa del dictador Augusto Pinochet.
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El pasado martes 13 recibimos con estupor y dolor la noticia del fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, responsable de disparar y cegar a Gustavo Gatica, marcando un precedente nefasto para la consecución de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
Ante esta negación de justicia como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos nos sumamos a las muestras de repudio y preocupación que diversas organizaciones de memoria y derechos humanos han manifestado en estos días, pues la decisión de los tribunales de justicia no sólo niega la justicia para Gustavo Gatica, sino que también para toda la lucha que él representa y para los cientos de jóvenes que sufrieron daños oculares durante el gobierno de Sebastián Piñera y que deben enfrentar consecuencias psicológicas y morales graves, como los siete jóvenes que decidieron quitarse la vida ante la impunidad, la desidia y la inexistente reparación.
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En el Monumento a Salvador Allende, este 22 de diciembre, organizaciones de derechos humanos manifestaron sus preocupaciones y alertas ante la llegada al gobierno de José Antonio Kast quien asumirá la presidencia de Chile, en marzo de 2026, luego de ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta.
Lena Salamanca, vicepresidenta de la AFDD, leyó en el punto de prensa una declaración pública donde las organizaciones firmantes manifiestan sus preocupaciones. Entre ellas, que en el programa del presidente electo “no haga mención alguna a la promoción, protección, y garantías de los derechos humanos” a quien le recuerdan que “es obligación del Estado cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional entre los que se cuentan la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período dictatorial y respetar el mandato de no permitir la prescripción ni la amnistía de dichos crímenes”.
Alicia Lira, presidenta de AFEP, recordó que los criminales de lesa humanidad cayeron presos por el arduo trabajo de las agrupaciones que no han descansado para que en nuestro país exista verdad y justicia. “Estamos diciéndole al presidente electo que aquí hay una muralla ética, moral, política, que tiene que ver con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, con los sitios de memoria, a lo largo del país”; agregando que “nos preocupa que el nuevo gobierno pueda barrer con la memoria que existe al interior de La Moneda. Recordarle al señor Kast que La Moneda es un sitio de memoria”.
Por su parte, la presidenta de AFDD, Gaby Rivera Sánchez, manifestó que los familiares seguirán luchando de la misma forma que lo han hecho en estos 52 años desde el golpe de Estado. “Nuestra lucha no ha terminado, vamos a seguir buscando a cada uno de nuestros familiares porque Chile los necesita y tiene que saber todo lo que pasó con cada uno de ellos. A todas y a todos los chilenos nos hacen falta los detenidos desaparecidos, los ejecutados y ejecutadas políticas” La dirigente recordó que el Estado de Chile es responsable de seguir la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos como de garantizar verdad, justicia, memoria y reparación a los familiares.
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