En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemoramos este 30 de octubre pasado el Día Nacional de la Ejecutada y el Ejecutado Político

DISCURSO POR EL DÍA NACIONAL DE LA EJECUTADA POLÍTICA  Y DEL EJECUTADO POLÍTICO

Compañeras, compañeros, familiares: 

Hoy estamos aquí por nuestras ejecutadas y nuestros ejecutados  políticos y sus familiares. Estamos aquí por sus nombres, por sus vidas,  por sus sueños y por la lucha que dieron. Estamos aquí porque no  aceptamos el olvido y porque sabemos que la memoria se defiende en  la calle, en los tribunales, en los sindicatos, en las poblaciones y en cada  lugar donde nuestro pueblo se organiza. 

Las ejecutadas y los ejecutados políticos no fueron personas que  estuvieron por casualidad en medio de una tragedia. Fueron  perseguidos y asesinados por lo que pensaban, por lo que defendían y  por el país que estaban construyendo y que querían construir con la  Unidad Popular, encabezada por el compañero Presidente Salvador  Allende. 

Eran trabajadoras y trabajadores, campesinos, estudiantes, pobladores,  profesionales, artistas y dirigentes. Muchos eran militantes políticos y  sociales. Eran parte de un pueblo organizado que había conquistado  derechos y que se había atrevido a pensar que Chile podía ser más  justo, más digno y por fin, soberano. Por eso fueron asesinados. 

La dictadura quiso terminar con sus vidas, pero también quiso terminar  con sus ideas. Quiso destruir las organizaciones, quebrar la solidaridad  entre las personas y enseñarle al pueblo que luchar tenía un precio.  Quiso que el miedo reemplazara a la organización. Pero no pudieron  porque los familiares se organizaron.  

Cuando las autoridades negaban los crímenes, los familiares salieron a  denunciar. Principalmente las mujeres —madres, esposas, hijas,  hermanas y compañeras— quienes transformaron el dolor y la ausencia  en la fuerza de una lucha colectiva. Gracias a ellas, Chile conoce una  parte importante de la verdad en nuestro país. 

Por eso, hoy queremos reconocer a los integrantes de la Agrupación  de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), desde su fundación  hasta la fecha, y a todas las organizaciones de derechos humanos que  han sostenido esta lucha durante más de cincuenta años.

La AFEP es una organización histórica profundamente necesaria en el  presente, porque la verdad no ha llegado, la justicia todavía está  incompleta, la impunidad continúa y porque nuevamente el  pinochetismo renovado pretende debilitar lo que los familiares y la  sociedad chilena conquistaron con décadas de lucha.  

Aquí nada fue regalado. Cada verdad conocida, cada sentencia, cada  memorial y cada política de reparación existe porque los familiares  lucharon y no aceptaron que los crímenes quedaran escondidos. Como  ha dicho nuestra Presidenta Alicia Lira, en la ceremonia del Premio  Nacional de DD.HH., “los derechos no se regalan: se conquistan y se  defienden colectivamente”. 

Este año, Chile está gobernado por una ultraderecha negacionista que  busca arrasar con la Memoria y con los compromisos del Estado en  materia de DD.HH., desmantelando la institucionalidad conquistada.  Desde sus primeros días, el Gobierno de Kast ha impulsado una política  de retroceso, garantizando la impunidad y respaldando a agentes del  Estado condenados por violaciones a los derechos humanos,  promoviendo indultos y la reducción de penas. 

Esto ha permitido la liberación de 56 violadores y abusadores sexuales  de mujeres, niños y niñas, a los que se agregan 3 criminales de lesa  humanidad. Entre ellos se encuentran los casos del ex cabo de  Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete, el ex funcionario de la  FACH Manuel Del Carmen Cabezas Pérez y el exagente de la CNI  César Luis Acuña Luengo (a quien el propio subsecretario de  Derechos Humanos, Pablo Mira, le concedió la reducción de su  condena en 19 meses). 

El otorgamiento de rebajas de pena a violadores de derechos humanos  y de menores es incompatible con el Derecho Internacional, porque  constituye una forma encubierta de impunidad que desconoce el  derecho a la justicia de las víctimas y configura un cuadro de  revictimización irreparable. Estas rebajas se han concedido mediante  decretos administrativos. El ministro Fernando Rabat no puede eludir  su responsabilidad política; nada lo obligaba a actuar de espaldas a las  víctimas y del lado de los victimarios. 

Por eso, desde esta conmemoración, exigimos la renuncia del  ministro Fernando Rabat y la revisión inmediata de todos estos 

decretos. ¡Las víctimas deben estar en el centro! Las víctimas de la  dictadura, de la violencia sexual, los niños y niñas vulneradas, y las  víctimas de la revuelta social. Porque todas las causas son nuestras. 

Sin presupuesto no hay búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda no  es propiedad de ningún gobierno, sino una obligación permanente del  Estado. Exigimos recursos y verdad para las familias que llevan más de  medio siglo esperando. 

El “Nunca Más” tampoco puede limitarse al pasado. Durante la revuelta  social de 2019, el Estado volvió a ejercer una violencia brutal. Han  pasado siete años y la justicia sigue siendo dolorosamente insuficiente;  eso también es impunidad. Por eso defendemos al Instituto Nacional  de Derechos Humanos (INDH) y rechazamos el proyecto de ley del  Gobierno de Kast que busca neutralizarlo, recortar su consejo y cerrar  sus sedes regionales. 

Solidaridad internacional: Pueblos hermanos, Brasil y Gaza 

Compañeras y compañeros, la defensa de los derechos humanos no  tiene fronteras. Desde esta tribuna enviamos un saludo fraterno y  combativo a los pueblos hermanos de nuestra América y del mundo,  que resisten a la opresión. Saludamos con enorme alegría el triunfo  democrático del pueblo brasileño, una gran victoria popular que  demuestra que la organización, la esperanza y la unidad siempre  pueden vencer al fascismo. 

Asimismo, alzamos la voz con profunda indignación contra el horror y el  genocidio que el Estado de Israel perpetra contra el pueblo  palestino en Gaza. La complicidad internacional y el silencio ante la  masacre sistemática de miles de niños, mujeres y familias enteras son  intolerables. ¡Exigimos el fin de este exterminio, el cese al fuego  inmediato y la autodeterminación de Palestina! 

Llamado a la unidad y la organización 

Frente a esta ofensiva conservadora, la respuesta debe ser una sola:  unidad y organización. Necesitamos que las organizaciones de  derechos humanos se encuentren con los sindicatos, las mujeres, las  juventudes, las víctimas de la revuelta, los pueblos originarios y el 

mundo de la cultura. Si pretenden silenciarnos, levantaremos una voz  todavía más fuerte. 

Exigimos: 

• No más indultos ni beneficios que produzcan impunidad para  criminales de lesa humanidad ni violadores de menores. • La renuncia del ministro Fernando Rabat y la revocación de los  decretos de rebaja de penas. 

• Recursos garantizados para el Plan Nacional de Búsqueda, el  Servicio Médico Legal y los sitios de memoria. 

• Un INDH autónomo, descentralizado y con plenas facultades. • Verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de la  revuelta social. 

A nuestras ejecutadas y nuestros ejecutados políticos: su ejemplo vive  en cada lucha. 

A sus familiares: no están solos, su causa es la de todo el pueblo de  Chile. 

No vamos a renunciar a la verdad. No vamos a permitir que se borre la  memoria. No vamos a aceptar la impunidad. 

¡Verdad y justicia! 

¡No a la impunidad! 

¡No al negacionismo! 

¡Alto al genocidio en Gaza! 

¡Nunca más terrorismo de Estado en Chile ni en el mundo! 

Raquel Roa Rubilar  

Secretaria General  

AFEP 

OCTUBRE 2026

 

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