Ante los graves actos realizados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, al rebajar penas y dejar en libertad a condenados por delitos de abuso y violación sexual contra niños, niñas y adolescentes y victimarios de crímenes de Lesa Humanidad de Punta Peuco como el ex Carabineros condenado por secuestro y Torturas a Manuel Cabezas Pérez integrante de FACH, de la Base Aerea del Bosque y acuña luengo condenado por el secuestro y desaparición de los 5 jóvenes del FPMR y luego tirados al Mar en Quintay. La Coordinadora Nacional de Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as y Ejecutados/as Políticos/as consideramos insostenible su continuidad en el Gobierno.
La decisión de la autoridad ha causado conmoción pública y revictimización a todos los niños, niñas y adolescentes que sufrieron estos hechos abominables.
1- Falta de probidad: Las declaraciones del ministro son inconsistentes con la ética, la buena fe y la honestidad exigibles a un ministro o ministra de Estado. Su conducta favorece la impunidad tanto de abusadores y violadores de menores de edad como de violadores de derechos humanos, mediante rebajas de condena decretadas “por orden del presidente de la República”.
2- Atribución falsa de responsabilidad: El ministro ha intentado justificar los decretos responsabilizando a la Corte Suprema, como si las rebajas tuvieran origen en una sentencia judicial. Sin embargo, se trata de una decisión exclusivamente administrativa sustentada en la Ley N.º 19.856, la cual establece un beneficio penitenciario que reduce una pena fijada por sentencia firme y ejecutoriada. Rebajar penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad -quienes no tienen derecho a beneficios carcelarios- fue una decisión del ministro en el ejercicio de una facultad propia del Poder Ejecutivo, sin intervención de ningún otro poder del Estado.
3- Incompatibilidad con el Derecho Internacional: Otorgar rebajas de pena a violadores de derechos humanos constituye una forma encubierta de impunidad, incompatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo mismo aplica para los condenados por abusos y violaciones sexuales a menores de edad,
toda vez que se vulnera el derecho de las víctimas a la Justicia y el principio del interés superior del niño, configurando una revictimización irreparable.
4- Responsabilidad del presidente José Antonio Kast: Resulta inconsistente y demagógico que el ministro defienda la legalidad de su actuación buscando blindar al mandatario, al calificar como un mero “tecnicismo” la fórmula “por orden del Presidente” y afirmar que el presidente Kast nada sabía. Dicha supuesta ignorancia solo agrava la falta, pues compromete de forma directa la responsabilidad jerárquica del Presidente de la República.
5- Contradicción y falta de arrepentimiento: Después de hacerse públicos los decretos, el ministro Rabat anunció que suspenderá la firma de actos similares. Sin embargo, afirmó categóricamente y sin arrepentimiento que volvería a hacerlo.
6- Una política de retroceso: Nada obligaba al ministro a firmar estos decretos, salvo la política de retroceso en materia de derechos humanos que promueve el gobierno que representa. Esta línea de acción favorece tanto a autores de delitos sexuales contra menores de edad como a agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. Con ello, se desconoce que las atribuciones del Ejecutivo tienen como límite infranqueable los derechos esenciales garantizados por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.
¡No a los decretos de rebaja de pena para condenados por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos!
¡No a la impunidad!
Ante esta gravísima situación, exigimos categóricamente la renuncia del ministro Fernando Rabat.
Coordinadora Nacional de Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as y Ejecutados/as Políticos/as
Santiago 26 de octubre 2026
