Como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestamos nuestro total rechazo a las peticiones de indultos para violadores de Derechos Humanos, ya que el único propósito de esta solicitud es garantizar la impunidad de los criminales de la dictadura civil-militar.
El indulto es un mecanismo de extinción de la responsabilidad penal. No cabe duda de que se trata de un medio destinado a eludir el cumplimiento de la pena impuesta mediante una sentencia judicial firme. Dicha condena es el resultado de un procedimiento formalmente concluido, cuyos efectos de cosa juzgada imponen la obligación ineludible de ejecutar la pena.
La impunidad constituye un severo agravio a las víctimas de los crímenes cometidos por agentes del Estado y atenta de forma directa contra el derecho a la Justicia de las y los familiares de ejecutadas y ejecutados políticos, detenidas y detenidos desaparecidos y víctimas de tortura.
La garantía de no repetición es un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se sustenta en la debida sanción de los crímenes de lesa humanidad. El indulto lesiona este principio al permitir que los condenados por esta clase de delitos burlen el cumplimiento de sus penas. Es obligación imperativa de los Estados juzgar a los responsables y, luego de establecer judicialmente su culpabilidad, sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos.
La amnistía, la prescripción y el indulto comparten la misma naturaleza jurídica en tantas modalidades de impunidad, pues ponen fin a la responsabilidad penal. Por ello, son instituciones incompatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual consagra el derecho inalienable a juzgar las violaciones a los derechos fundamentales, sancionar a los culpables y hacer cumplir las condenas impuestas.
El derecho de las víctimas a la Justicia, en toda su extensión, no puede ser ignorado ni vulnerado mediante el indulto ni a través de ninguna otra forma de impunidad. Cuando aún no se saben “Donde Están” los 1092 detenidos desaparecidos/as y los 377 ejecutados sin entrega de sus restos a 53 años del golpe civil – militar.
Las víctimas deben ser tratadas con dignidad y con el debido respeto a sus derechos esenciales. En este sentido, la concesión de un indulto representa un nuevo trauma y una revictimización, con la consecuente carga psicológica y emocional asociada a un doloroso y prolongado estrés postraumático.
Como familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, advertimos que los posibles indultos concedidos bajo supuestos criterios de humanidad no son más que una forma encubierta de impunidad. Su eventual otorgamiento a condenados por estos delitos comprometerá la responsabilidad internacional del Estado de Chile.
El ejercicio de esta facultad por parte del presidente de la República tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo su deber fundamental promover y garantizar dichos derechos, consagrados tanto en la Constitución Política de la República como en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en el país.
Como AFEP mantenemos nuestro firme compromiso con la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
