Este lunes 9 de marzo el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó el Cementerio General de Recoleta, en el marco del término de las obras de conservación al Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. En la actividad también estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; y, la presidenta de AFEP, Alicia Lira, entre otros.
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Excelentísima Señora Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de los Estados Unidos de Mexico
Presente
Distinguida presidenta, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile junto a las Agrupaciones de familiares y agrupaciones DDHH, quienes adhieren, la saludamos con respeto y gran admiración, reconociendo en su gestión un compromiso profundo con la justicia social y la dignidad de los pueblos.
Nos dirigimos a usted con el fin de solicitar, de la manera más atenta, que el Estado mexicano no otorgue el beneplácito a la eventual designación del senador Francisco Chahuán como embajador en su país. Nuestra petición se fundamenta en la trayectoria legislativa del legislador, la cual colisiona frontalmente con los estándares internacionales de Derechos Humanos que tanto México como Chile han jurado defender.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), ante la reciente aprobación en general por parte del Senado del proyecto de ley que busca otorgar conmutación de penas y beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes durante 52 años han mantenido un pacto de silencio respecto de la verdad de los abominables crímenes cometidos y han reivindicado permanentemente el golpe civil-militar, y considerando que las familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos, entre ellos 1.092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados, declara lo siguiente:
Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal impulsada por sectores de la derecha política, particularmente de RN, la UDI y la ultraderecha, que hoy pretenden relativizar el horror y el terrorismo de Estado. Bajo los pretextos de la “avanzada edad” y las “enfermedades crónicas”, se busca que asesinos, torturadores y violadores de Derechos Humanos, responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura civil-militar, abandonen los recintos penales para cumplir sus condenas en la comodidad de sus hogares.
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