La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, reunida el sábado 17 de enero en la sede de la ANEF, manifiesta su profunda preocupación frente a las señales políticas y jurídicas emitidas en el contexto de la llegada del nuevo gobierno, especialmente en materias que afectan directamente la memoria histórica, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Como organizaciones de derechos humanos y sociales, observamos con atención la relación que la nueva administración de gobierno, que llegará en marzo, y que establecerá con los Sitios de Memoria, espacios fundamentales para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El debilitamiento, relativización o abandono de estas políticas sería un grave retroceso democrático y una afrenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, expresamos nuestra indignación frente al fallo judicial que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, responsable de dejar ciego a Gustavo Gática, hecho emblemático de la impunidad persistente respecto de las graves violaciones cometidas durante la revuelta social. Este tipo de resoluciones refuerzan la desconfianza en el sistema de justicia y profundizan el dolor de las víctimas y sus familias.
En este contexto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige:
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La derogación inmediata de la Ley Naín-Retamal, norma que fortalece la impunidad y amplía el uso de la fuerza estatal en desmedro de los derechos fundamentales.
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En el mismo sentido, exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista y de la denominada Ley Antitomas por constituir un conjunto de leyes represivas orientadas a perseguir la organización social y la movilización popular.
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La libertad de las y los presos políticos chilenos, de la revuelta social y del pueblo mapuche, encarcelados en procesos marcados por irregularidades, uso abusivo de la prisión preventiva y criminalización de la protesta.
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El fin de la criminalización de la protesta social como herramienta política de control.
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El término de la militarización y el fin del Estado de Excepción que ha mantenido el gobierno en la zona de la Araucanía, política que ha profundizado la violencia estatal y vulnerado sistemáticamente los derechos del pueblo mapuche.
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En el mismo sentido, exigimos el fin del entrenamiento, ejercicios militares, compra o venta de armamento con EEUU, Israel y la OTAN.
En el actual escenario, hacemos un llamado urgente al fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Social, a la articulación del movimiento social y a la vigilancia activa frente a cualquier retroceso en materias de derechos humanos. La democracia no se sostiene con represión ni con olvido, sino con memoria, justicia y dignidad.
Por lo cual, estaremos alerta ante cualquier intento de impunidad o vulneración o retrocesos en materia de derechos humanos y sociales, que impulse el nuevo gobierno, y que pudieran afectar a nuestra población en sus derechos fundamentales.
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Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
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Red Nacional de Sitios de Memoria
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Corporación 3 y 4 Álamos
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Corporación Memoria Borgoño
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Sitio de Memoria Estadio Nacional
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Coordinadora Feminista 8M
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Escuela Permanente PRAIS
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Colectivo de Mujeres por la Memoria y la Vida
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Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
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Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras)
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Colectivo Memoria de la Universidad Católica
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Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
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Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)
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Comunidad Ecuménica Martin Luther King
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Industrial Chile Constramet
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Colectivo Raíces de Resistencia Colombiano en Chile
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Colectivo Amauta
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Comité Oscar Romero, Chile
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Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta
