Declaración Pública
Ante la coordinada iniciativa de la Cámara del Senado y la Corte Suprema de buscar mecanismos para otorgar libertad a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, amparándose en su avanzada edad y estado de salud, nuestra agrupación de familiares, manifestamos nuestro más absoluto rechazo. Esta medida desconoce la gravedad de los delitos cometidos, la ausencia de colaboración con la verdad y el hecho de que estos criminales no solo no reconocen la ilicitud de sus actos, sino que los justifican y reivindican.
Estos responsables han vivido gran parte de su vida impunes, recibiendo penas bajas, y hoy, debido a su edad, se pretende favorecerlos. Para los familiares de las víctimas, esto constituye una nueva revictimización y una negación del derecho a la verdad y la justicia, más aún cuando han transcurrido más de 51 años de lucha incesante junto a abogados de Derechos Humanos que, durante décadas, han acompañado nuestra causa.
Resulta particularmente indignante que el Poder Judicial, que durante los 17 años de dictadura civil-militar fue cómplice, desoyendo recursos de amparo y negando justicia, hoy se muestre preocupado y sensible ante los responsables de más de 3.500 crímenes de lesa humanidad, cometidos contra hombres, mujeres y niños.
Las violaciones de Derechos Humanos ocurridas bajo la dictadura de Pinochet y los civiles que gozan de impunidad por décadas, constituyen una de las experiencias más brutales en la historia de nuestro país: miles de personas fueron asesinadas o víctimas de desaparición forzada; miles fueron detenidas y torturadas, exiliada de sus trabajos, en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Esta política, planificada y sistemática, fue un ataque directo contra la población civil, perpetrado por las Fuerzas Armadas y de Orden, con la complicidad de sectores civiles ligados a partidos de derecha y con vínculos con la CIA.
Se afectaron derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, así como los económicos, sociales y culturales, con el claro objetivo de imponer un orden normativo al servicio de intereses de un sector privilegiado de la sociedad. Esta estructura represiva permitió la acumulación y concentración de poder económico y político por parte de un grupo, dificultando durante décadas el acceso a la verdad y la justicia.
A más de 51 años del golpe militar y 35 del término de la dictadura, aún se desconoce el destino de las 1.100 personas detenidas desaparecidas, y no se han establecido plenamente las responsabilidades penales por ejecuciones, asesinatos y torturas. Si bien en los últimos años se han dictado condenas, éstas han sido tardías y con penas indulgentes que ignoran la gravedad de los crímenes.
El resultado es una impunidad persistente, incompatible con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificado por Chile. Las actuales iniciativas legislativas y judiciales atentan contra la garantía de no repetición y envían una señal de incivilidad, bajo un falso manto de humanidad que, en realidad, encubre impunidad.
Rechazamos con toda nuestra fuerza y voluntad cualquier intento de favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
