Plataforma Nacional de Derechos Humanos para el Siglo XXI PDF Imprimir E-mail
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Jueves, 23 de Abril de 2009 04:28

PRESENTACIÓN


A un año de la muerte del dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, hemos sentado las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.

El Congreso Nacional de Derechos Humanos congregó a 350 representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana.

Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS


COMISIÓN DERECHO A LA VIDA Y A LA INFANCIA


Ratificamos:

  • Que todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad su persona y la integridad personal tal como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Especialmente el derecho a cuidados y asistencia especiales durante la infancia.
  • Lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño.
  • El conjunto de tratados y pactos internacionales de derechos humanos sobre las dos materias.


Afirmamos:

  • Que el cumplimento y ejercicio cabal del Derecho a la Vida depende del respeto y garantía del conjunto de los Derechos Fundamentales por parte de la sociedad y el Estado.
  • Que la infancia es un periodo de la vida que requiere de cuidados, protección y tratos especiales, cuya responsabilidad recae en el Estado y el conjunto de la sociedad.

Consideramos:

- El Derecho a la Vida y de la infancia cruzan variados ámbitos de los derechos fundamentales de las personas, como el acceso a una educación de buena calidad, una alimentación adecuada, acceso a salud, vivienda, recreación y participación, poniendo al ser humano como máximo valor de la sociedad, aceptando la diversidad en lo cultural, sexual, étnica.

- Muchas de las leyes dictadas por la presión de las organizaciones, sólo cumplen en lo formal o no se están aplicando de modo de garantizar los derechos de las víctimas (ej. Prais, ley responsabilidad penal, definición de tortura, etc.).

- En el ámbito de la integridad física y psíquica, se siguen aceptando prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

- Sólo en el ámbito democrático participativo, popular y pluralista es posible lograr una adecuada protección de los derechos humanos y una defensa efectiva de la vida digna.

- El mejoramiento en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, sólo es posible con una verdadera profundización de la democracia en Chile.

Rechazamos:

 

- La política de criminalización de la protesta social la que ya ha costado las vidas humanas de Rodrigo Cisternas, Alex Lemün y Matías Catrileo

- El alza de los alimentos lo que atenta contra una alimentación digna y de calidad para la consecución de una vida sana.

- Las consecuencias de la reforma procesal juvenil. El aumento de los niños y adolescentes en privación de libertad.

- Las malas condiciones y precaria garantía del Estado en la Protección de la infancia y la juventud.

- La destrucción y depredación de la naturaleza y la biodiversidad.

Exigimos:

- Adecuar efectivamente la legislación nacional a los contenidos de la Convención Contra la Tortura y Otros tratos crueles, Inhumanos o degradantes. Esto requeriría al menos, algunas de las siguientes reformas legislativas:

• Tipificar claramente el delito de tortura de manera correspondiente a la Convención.
• Abolir el principio de obediencia debida en las leyes y reglamentos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
• Elevar sustancialmente la penalidad del delito de tortura.
• Establecer su imprescriptibilidad.
• Estipular la extraterritorialidad de la tortura, en los términos establecidos en el Articulo 5 de la Convención.
• Aprobar una legislación especial para hacer efectivo el Articulo 14 relativo a la reparación, indemnización y rehabilitación de las víctimas de la tortura.
• Incorporar la definición amplia de tortura de Naciones Unidas.


- Ratificar lo más pronto posible el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

- Derogar o anular el decreto Ley de Amnistía de 1978, con lo que se cumpliría además con las tajantes resoluciones emitidas en ese sentido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos (del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) de Naciones Unidas.

- Garantizar el respeto de los derechos de la población carcelaria, en particular el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes y en general el derecho tanto de esta población como de sus visitantes a recibir un trato que respete su dignidad humana. Tomar las medidas necesarias para eliminar el hacinamiento en los lugares de detención y para que la privación de libertad propenda efectivamente a la rehabilitación de los reclusos.

- Garantizar que los crímenes constitutivos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes sean conocidos por una justicia imparcial. Por lo tanto, deberá garantizarse que ninguno de tales crímenes será conocido por la justicia militar y que los que actualmente cursan en ella pasen al conocimiento de la justicia ordinaria.

- Restringir la competencia de la justicia militar a los delitos propiamente militares y cometidos exclusivamente por ellos.

- Establecer un Defensor del Pueblo con amplias facultades para interceder en casos relativos a violaciones al derecho a la integridad física y psíquica, ya sea que estas se den en el ámbito policial, militar o penitenciario.

- Incluir, a lo largo de toda formación escolar, una asignatura de educación cívica y de derechos humanos, que permita formar ciudadanos conscientes de sus derechos y respetuosos de los derechos de los demás.

- Incorporar en la formación de los policías, militares y gendarmes una amplia educación en derechos humanos y derechos internacionales humanitarios que sea supervisado en sus contenidos y aplicación por los poderes públicos en unión con los principales centros académicos del país.

- Impedir la promoción a altos cargos de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y las designaciones en cargos públicos o diplomáticos a personas involucradas como responsables en graves violaciones de derechos humanos.

- Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el trabajo independiente y respetuoso de los tratados internacionales suscritos por Chile por parte del poder judicial, con el fin de esclarecer y sancionar como es debido los crímenes de lesa humanidad -incluyendo la tortura- cometidos durante la dictadura militar.

- Elaborar programas de formación para jueces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el contenido de la Convención. Dichos programas, de carácter permanente, deben incluir la prohibición de la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes dirigidos al personal de las fuerzas armadas, la policía y otros agentes de orden y personas que de algún modo participen en la detención, interrogatorio o el trato de personas susceptibles de ser sometidas a tortura. El Estado debe asimismo velar por que los especialistas médicos reciban una formación específica en materia de identificación y documentación de la tortura.

- Respecto de la Comisión Prisión Política y Tortura, solicitamos su pronta reapertura, además, amplíe las atribuciones para permitir que las victimas de todas las formas de tortura interpongan sus denuncias. Para ello solicitamos:

• Se adopte medidas para dar a conocer mejor la labor de la Comisión, recurriendo a todos los medios de comunicación y aclarando la definición de tortura mediante la inclusión, en los formularios que deben llenar las víctimas, de una lista no exhaustiva en que se especifique distintas formas de tortura, incluida la agresión sexual.

• Garantice privacidad a las victimas al inscribirse en el registro de la Comisión y la posibilidad de que se inscriban las personas que se encuentran en zonas rurales o que por distintas razones no puedan hacerlo personalmente.

• Considere la posibilidad de ampliar el mandato de la Comisión para permitirle llevar a cabo investigaciones que puedan dar lugar, cuando ello se justifique, al inicio de procedimientos penales contra los presuntos autores de los actos denunciados.

• Derogar la ley que prohíbe conocer el listado de violadores de derechos humanos que surgió de la Comisión prisión política y tortura.

- La derogación inmediata del Articulo 15 de la Ley 19.992 de Prisión Política y Tortura, que establece un secreto de 50 años para los antecedentes recogidos durante el funcionamiento de dicha comisión.

- Exigimos que el Estado de Chile suscriba y ratifique todos los instrumentos, tratados internacionales relacionados con derechos humanos, en especial el Tribunal Penal Internacional, Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención de Naciones Unidas Sobre Desaparición Forzada de Personas.

- El término de la Doctrina de Seguridad Nacional como fundamento político ideológico del quehacer de las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país.

En relación a los derechos de los niños:

 

- Modificar art. 234 del Código Civil que autoriza la “facultad de corrección” de los hijos por los padres. Debe ser clara, pues parece autorizar formas de castigo corporal, y dado los altos niveles de maltrato infantil en el país, habría que exigir que la norma sea clara.

- Creación de Defensor del Niño…

- Abolir o restituir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para que cumpla con la Convención de los Derechos del Niño, con énfasis en la reinserción y no en lo punitivo.
- Rechazar todo tipo de trabajo infantil de menores de 18 años, así como el tráfico y la explotación sexual de niños y niñas.

- Creación de programa de educación sexual adolescente, que incluya acceso a métodos preventivos.

- Respecto del Servicio Militar Voluntario, este debe garantizar la libertad de opción y conciencia de los jóvenes.

COMISIÓN DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA LIBERTAD


Ratificamos:

- Lo declarado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual establece que el respeto de los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual se justifica una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

- Considera la Convención que estos principios han sido consagrados en otros tratados que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; reitera además que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

- En ese sentido ratificamos los postulados de todo el conjunto de normas internacionales que se refieren al Derecho al acceso a la Justicia y la Libertad.

Afirmamos:

- Que el Derecho al acceso a la Justicia consiste en que toda persona tiene derecho al acceso de los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses incluso los colectivos o difusos y obtener con prontitud la decisión correspondiente.

- Que el Estado debe garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

- Cada persona posee. Todas sus relaciones le incluyen deberes y derechos emanados del entramado de vínculos que le afectan, siendo todos constituidos con su mayor o menor participación directa. Desde su libertad, vivir en sociedad le implica el compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, donde se inscribe los límites de su actuar para no violentar los derechos ajenos

- Nadie puede ser coaccionado o limitado arbitrariamente en su libre derecho a seleccionar distintas condiciones de posibilidad de su acción humana.

Consideramos:

- Que las posibilidades en Chile de reinserción laboral de profesionales chilenos residentes en otros países son mínimas. Se debe incentivar y promover el retorno al país generando las condiciones para una vida digna y el reconocimiento, exento de gravamen, de sus títulos profesionales. Así mismo, se debe facilitar el reconocimiento de los estudios realizados en otros países de los hijos de estos.

- Existe una clara situación de negación de justicia que ha impedido que se conozca toda la verdad en los distintos casos de violación a los Derechos Humanos, tanto aquellos relacionados con la dictadura , como los actuales, por ejemplo la muerte y desapariciones de los jóvenes de Aysén.

- Que la justicia en Chile se establece de acuerdo a las clases sociales a las que se pertenece, lo que condiciona el derecho a la justicia a los recursos que se posee.

- Que existe la necesidad de una sociedad más justa para todas y todos, para ello se requiere la modificación de la Constitución Política del Estado, como también el urgente cambio del modelo económico que genera tanta desigualdad social y sufrimiento a las personas.

Rechazamos:

- La utilización de la casa de Londres 38 como sede del Instituto de Derechos Humanos.

- La Doctrina de de Seguridad nacional en cualquier formación, por ser contraria a la Convención de Ginebra y a la Carta Universal de los Derechos Humanos.

- La política de DD.HH. del gobierno y al instituto de DD.HH.

- La intervención del gobierno en sus aparatos de inteligencia en las organizaciones sociales y políticas.

- La postulación del Estado de Chile al Consejo de Derechos Humanos de ONU.

- La implementación de la ley de responsabilidad penal adolescente.

Exigimos:

Derecho a la Justicia

- Rescatar Londres 38 y los distintos centros de tortura que funcionaron en el país para la conservación de la memoria histórica.

- Que cese el envío de efectivos militares chilenos a la Escuela de las Américas (WHINSEC).

- Compensación a exonerados sin tierra.

- Que en el ministerio del interior se coloque personal calificado respecto a la atención a exonerados políticos con conocimiento del tema.

- Que en las FF.AA se termine con la discriminación social en el ingreso a las escuelas matrices de oficiales.

- Que Chile se adecue a los tratados internacionales de reparación.

- Que el gobierno de Chile cese la política represiva hacia las movilizaciones sociales y seguimiento a organizaciones sociales y políticas.

- Ratificación de instrumentos internacionales de DD.HH. e integración a la legislación chilena.

- Que se aceleren los procesos de las pensiones de los exonerados políticos.

- Que se haga efectiva la igualdad ante la ley para las mujeres y minorías sexuales.

- Que la justicia militar se suscriba solamente a delitos militares y exclusivamente al ámbito castrense.
Derecho a la libertad

- Reposicionar el derecho a la expresión, libertad de reunión y movilización.

- Derogar decreto 1086, que restringe el derecho a reunión.

- La promulgación de reformas legales al Código Penal, Código de Justicia Militar y Reglamento de Disciplina de Carabineros.

- La formulación de una nueva doctrina de los institutos armados basada en el respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales de las personas.

- Libertad de prensa.

- Redistribución del financiamiento por concepto de publicidad del Estado a medios de comunicación oficiales y alternativos.

- Que el Estado financie las emisoras comunales que nacieron luchando en contra de la dictadura, ya que la ley no les permite realizar publicidad para su financiamiento.

- Libertad inmediata a los prisioneros políticos mapuche.

COMISIÓN DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, OPINIÓN Y RELIGIÓN


Ratificamos:

-Lo consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Afirmamos:

-En Chile, no están plenamente vigentes ni garantizados los derechos materia de esta Comisión.

- Existen aún serias desigualdades entre los derechos a que tienen acceso los diferentes credos.

Consideramos:

-En Chile no existe una Democracia Real y las libertades de Conciencia, Opinión y Religión sólo se pueden dar en una sociedad libertaria, participativa e igualitaria, en la que todos sus miembros adhieren a altos principios de convivencia humana traducidos en leyes que hayan sido sancionadas por el conjunto.

-No hay educación dirigida a formar a las nuevas generaciones en la cultura de respeto y de resguardo de las libertades

-Que no están los medios disponibles para cultivar y desarrollar las innumerables formas de libertad.

-Que no se podrá avanzar en estas materias mientras se mantenga una constitución que, nacida en condiciones de absoluta falta de libertad, aún sigue vigente y delimita la vida cotidiana de los chilenos en sus aspectos más fundamentales.

Rechazamos:

-La ilegitimidad de la Constitución de 1980, por ser un cuerpo jurídico-político originado en condiciones de excepción y sin la participación de los distintos sectores de la ciudadanía. Especialmente sin la participación de los representantes de los distintos credos.

-El servicio militar obligatorio.

Exigimos:

-La creación de una instancia con nivel Ministerial que implemente políticas contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

- Incluir en el calendario nacional y con la misma categoría o rango de importancia, las celebraciones significativas de carácter religioso de los diversos pueblos que conforman nuestra nacionalidad.

- Terminar con todas las formas de exclusión racial, religiosa o política que aún subsisten.

 

COMISIÓN DERECHO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Ratificamos:

- El artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Y su Artículo 29º: En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

- Lo expuesto en el pacto de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 19:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Y en su Artículo 20:

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

- Lo consagrado en la "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica" en el Artículo 13.

- Todas las disposiciones sobre la materia en las distintas declaraciones y pactos universales y continentales.

Afirmamos:

- Que el Derecho a la Libre Expresión consiste en el ejercicio libre de los derechos de producción de información y de exposición libre de sus pensamientos y opiniones sin sujetarse a previa autorización o censura.

Consideramos:

- Pedir de forma perentoria al Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos que, si se trata de libertad e información se debe tener presente que la ciudadanía, siempre debe y deberá tener derecho a informarse sin ningún tipo de cortapisas. Para tales efectos, resulta indispensable una amplia cobertura periodística, con acceso sin trabas de ninguna especie, con responsabilidad social y libre acceso a todas la fuentes de información disponibles y, en particular, a los procedimientos en cursos en las distintas dependencias del Estado, como así mismo, el Poder Judicial, e incluso en los anacrónicos sistemas judiciales de carácter castrense, y en general en todas las decisiones de todo Gobierno.

- En relación al diario La Nación, este sea de hoy en adelante un medio de comunicación masivo, realmente al servicio de todos los chilenos y que sus profesionales periodistas no estén sujetos, en ninguna circunstancias, a decisiones políticas emanadas del o los Gobiernos de turnos.

Rechazamos:

- El impuesto al libro.

- El artículo 161 del código penal.

Exigimos:

- EXIGIMOS LA INMEDIATA DEROGACION DEL ARTICULO 161A DEL CODIGO PENAL, PUESTO QUE CON SU APLICACIÓN SE ATENTA EN CONTRA DE LOS MÁS ELEMENTALES PRINCIPIOS DE LIBERTAD A LA INFORMACIÓN.

- Que el Gobierno se juegue por la pronta recuperación del diario “El Clarín”, como un medio disidente y crítico del actual sistema. Así lo pide nuestro pueblo, nuestras organizaciones sociales.

- Un modelo de TV Pública (TVN) que haga énfasis en los modelos culturales, educativos, etc, Y NO MERCANTILISTA (acorde con el sistema neoliberal dominante, actual).

- que frente a las ofertas del Mercado, el Gobierno debe optar por la Norma Europea (con tecnología estándar), la que apunta a la generación de nuevos canales comunales y alternativos.

- Derogación de las disposiciones contenidas en el artículo 161ª del Código Penal, por atentar contra la libertad de expresión.

- En cuanto a la concentración de Medios de Comunicación escritos en Chile (Ejemplo: nítido es lo que sucede con los consorcios periodísticos, tales como las Empresas El Mercurio, y COPESA, a los cuales se les entrega casi el cien por ciento del Avisaje Fiscal), EXIGIMOS QUE SE TERMINE CON ESTA ESCANDALOSA SITUACIÓN. Es decir, que el Estado asuma su rol protector de la diversidad de opinión que debe existir en el país. Lo mismo, aplicable a las Radios y la TV.

- Fin del IVA al libro.

COMISIÓN DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN


Ratificamos:

- La Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945, la que en su artículo 1º prohíbe expresamente que se haga algún tipo de distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

- Lo estipulado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En su Tercer Considerando expresa: “que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación”.

- Lo consagrado en la Convención relativa a la lucha Contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

- Y todo lo declarado en los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia.

Afirmamos:

- Que el Derecho a la No Discriminación consiste en no sufrir alguna distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga pro finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en todas las esferas de las relaciones sociales.

Consideramos:

- Inaceptable la discriminación de la que son víctimas casi un millón de chilenos que residen en el extranjero al no poder hacer efectivo su derecho a voto. Este derecho constituye un Derecho Humano Fundamental.

- La comisión tomó igualmente nota de la gran discriminación sufrida por las/os inmigrantes, cada vez más numerosos, que llegan a Chile, particularmente los que vienen de los países vecinos, Perú, Bolivia. Muchos de ellos sufren racismo y xenofobia.

- Que los adultos mayores también son víctimas de discriminación en el país, es notorio y vergonzoso el abandono en el cual se encuentran un sector cada vez más creciente de la población. Esto se expresa especialmente en las pensiones miserables que reciben cientos de miles de jubilados. Un ejemplo de esto es la nueva práctica del INP de relacionarse con los beneficiarios a través de internet, lo que puede ser útil para personas que tienen el conocimiento y el acceso a estos medios virtuales. No obstante, son miles de jubilados que se encuentran marginados de este tipo de alfabetizaciones y usos.

- Que los jubilados tienen derecho a una vida digna en la última etapa de su existencia y es obligación del Estado tomar las medidas en este sentido.
- Que el Servicio Nacional del Adulto Mayor es una iniciativa insuficiente. Se hace necesario la creación de una subsecretaría especial para los adultos mayores entendiendo que corresponden a un segmento cuantitativamente considerable.
- Que en el sector laboral, las y los trabajadoras/es, campesinas/os y trabajadoras/es agrícolas.
- Existe una situación de discriminación contra las mujeres y las minorías. En efecto, las mujeres ganan, en general, menos que los hombres por el mismo tiempo de trabajo, en ocupaciones similares. En particular sufren este problema las mujeres embarazadas. Las/os miembros de las minorías sexuales siguen siendo marginadas/os de la sociedad. Se debe apoyar las luchas por el respeto de sus derechos. La violencia que ejerce, especialmente la policía, en contra de estas personas debe cesar, así como la discriminación en el trabajo.
- Las/os jóvenes están condenadas/os a empleos precarios y mal remunerados.
- La necesidad urgente de una Asamblea Constituyente que elabore una constitución que incluya disposiciones claras para combatir las discriminaciones que existen en todos los ámbitos y sectores de la sociedad.

Rechazamos:
- La reforma previsional que se acaba de promulgar este 11 de marzo. Esto porque dicho proyecto no incluye a una gran cantidad de chilenos, especialmente los compatriotas adultos mayores que viven en penosas condiciones en los países vecinos.
- La constante discriminación política, cultural y judicial a la que está sometida el Pueblo Nación Mapuche y la mayoría de los Pueblos Originarios.
- La política de hostigamiento a la cual está expuesta la población migrante andina por parte de efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros. Especial rechazo el despotismo y arbitrariedad de los agentes de los puestos fronterizos en el norte del país.

Exigimos:
- El Gobierno de Chile debe tomar las medidas necesarias para informar a la sociedad chilena sobre la realidad y los problemas que afectan a los chilenos del exterior y sobre su importante aporte al país, particularmente a través de las remesas considerables de dinero que envían.
- El Banco Estado y otros organismos públicos deben facilitar, agilizar y aumentar la ayuda a los chilenos que retornan al país y que desean crear sus propias empresas.
- El Gobierno debe ampliar la firma de convenios de Seguridad Social con los países donde se encuentra un número significativo de chilenos. Muchos de los acuerdos ya firmados requieren ser mejorados.
- Los estudios, certificados y diplomas adquiridos por los chilenos en el extranjero deben atenerse a un procedimiento más expedito y menos costoso de su reconocimiento en Chile.
- El Estado debe preocuparse, en forma prioritaria y a través de programas especiales, de los chilenos de segunda y tercera generación que residen en el extranjero. Especial atención requieren las generaciones víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, perpetradas por la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. En consecuencia, deberían tener la posibilidad de acceder a los beneficios de reparación contemplados en las diferentes leyes sobre la materia.
- La Presidenta, los ministros y los parlamentarios deben reunirse con los chilenos cuando viajen al extranjero.
- El Estado debe tomar las medidas necesarias para la creación de la región de los chilenos en el exterior.
- El Gobierno debe solucionar a la brevedad posible la situación de irregularidad administrativa que viven muchos de ellos y las terribles condiciones de explotación en que trabajan.
- El Estado de Chile debe dotarse de una legislación y de una política precisa, sin exclusión y que respete los Derechos Fundamentales de las personas, en materia de inmigración y emigración.
- El Estado de Chile debe otorgar el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

 

DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES


COMISIÓN DERECHO A LA EDUCACIÓN


Ratificamos:
-Lo expuesto en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, el cual consagra universalmente el derecho inalienable de toda persona a la educación, su gratuidad y el igual acceso a los estudios superiores para todas las personas.
-Lo contenido en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
-La educación como derecho humano fundamental que debe ser garantizado por los Estados, como base de un modelo de desarrollo comprometido con la justicia, la inclusión social, la equidad, la diversidad y la sostenibilidad ambiental.
- Los resultados de las mediciones a nivel nacional, realizadas con instrumentos nacionales e internacionales indican que en Chile se imparte una educación de mala calidad.
Afirmamos:
-El Derecho a la Educación es el derecho de toda persona y colectivo a la educación, la que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
-La educación de calidad es decisiva para superar la pobreza e igualar oportunidades productivas y del acceso al bienestar integral de las nuevas generaciones.
- La Educación en Chile está en crisis. La humanización no tiene lugar en este sistema de educación el cual promueve la competencia, dejando de lado de la dimensión ético-valórica.
-El estado de Chile es responsable de garantizar este derecho.
-El necesario carácter público y gratuito de la educación.
- El carácter integral e interdependiente del derecho a la educación con los demás derechos humanos y con la democracia y el desarrollo.
- La educación como principio para la transformación social, la dignificación del ser humano y la construcción de democracia y justicia social.

Consideramos:
-Que el sistema educacional chileno se caracteriza por el abandono del Estado de su rol activo en el ámbito educacional. Situación que tiene su origen en las reformas estructurales generadas en 1981 al amparo de la dictadura militar.
- Que La brecha de calidad que existe entre la Educación Privada, Particular Subvencionada y la Educación Municipalizada profundiza las desigualdades sociales y no posibilita un acceso igualitario a la educación.
- El proyecto de la nueva ley general de educación no cambia fundamentalmente la lógica que hasta hoy dinamiza al sistema de educación chileno, consagrando la selección y el lucro y por otro lado manteniendo intacta la administración y gestión de los establecimientos.
- Reconocemos en este diagnóstico una realidad construida históricamente (memoria, tradición y reforma). Cuyo punto de inflexión fue la política de los acuerdos, al inicio de los 90, que se materializó en una transición pactada por la clase política y los grupos de poder predominantes dejando fuera del proceso a la sociedad civil.
- Programas como “Chile Califica”, sólo apuntan a escolarizar a un sector social y no a entregar una educación formal de calidad “Puente” y otros sólo son maquillajes.
- No existe un desarrollo de las aptitudes artísticas de los alumnos y alumnas. En los Planes de Estudio Música y Artes Visuales son optativos y además, la asignatura que escogen la realizan con los mínimos elementos.
- La temática de los derechos Humanos no está contemplada en la formación inicial docente.

Rechazamos:
-El proyecto de ley general de educación (LGE), que no hace más que profundizar la crisis de la educación chilena.
- Falta de Democracia interna en las escuelas, poca capacidad de decisión en los asuntos de importancia curricular, administrativa y de gestión.
- La privatización de las instituciones educativas y la reducción de la educación a un objeto de mercado.
- La situación actual docente, la cual encuentra en una precariedad: bajos sueldos, jornadas extenuantes, alto número de alumnos por curso, insuficiente material didáctico y deportivo, escasez de recursos pedagógicos y un gran número de factores que atentan a la salud ocupacional. Todo esto influye poderosamente en la calidad de la educación.

Exigimos:
- Sistema organizacional descentralizado y flexible a nivel local, con integración comunal, regional. Con un rol y administración por parte del Estado de manera progresiva.
-Un Estado que recupere su rol protagónico, rescatando los aspectos más positivos de lo que fue el “Estado Docente”, porque este tiene una responsabilidad con la Educación formal de los ciudadanos.
-Un mecanismo sistemático que permita dimensionar la evolución de las políticas educativas en el tiempo. Buscando hacer las mejoras necesarias en forma oportuna.
-Que la formación inicial docente esté supervisada por el Estado a través del Ministerio de Educación, con el objeto de garantizar su calidad y profesionalismo.
-Incorporar en el orden institucional la participación resolutiva de los protagonistas educativos, desde el nivel local que permita responsabilizarse de la administración y gestión del que hacer formativo de la institución educativa.
-Generar un plan nacional de educación, que sea expresión de un proyecto de país y de la sociedad que queremos.
-Dar cabida dentro de la institucionalidad a la educación popular, como una forma válida y legítima de formar a los chilenos.
-Reconocer el principio de “Educación Pública” como la expresión de una verdadera educación formal garantizada por el estado. En este contexto, se debe entender a la educación como un derecho, sin fines de lucro ni entendida como servicio mercantil regulada por el mercado.
- El financiamiento del sistema educativo debe ser entendido como un presupuesto garantizado por el Estado. Un presupuesto que por lo menos reconozca un piso histórico que alcanzó un 7% del PIB.
Que dicho presupuesto contemple en cada caso el financiamiento total del proyecto educativo institucional.
-Que los recursos económicos públicos se destinen fundamentalmente al sector público, a través de una discriminación positiva hacia los establecimientos más vulnerables, sin supeditación a los resultados de la institución.
- Integración curricular, selección pertinente de los contenidos para su mejor apropiación por parte de los educandos.
-Promover establecimientos de carácter bilingüe, reconociendo para eso nuestra identidad multiétnica.
-Reintegrar aquellas disciplinas humanistas que hoy están fuera de los planes y programas. Alcanzar un currículo consensuado con la comunidad en la que está inserta la unidad educativa. Gestionar escuelas abiertas a la comunidad.
-Privilegiar en el aula el trabajo de profesionales de la educación, como una forma de garantizar la calidad de la formación.
-Generar espacios y tiempo suficiente para enriquecer las prácticas pedagógicas y acrecentar nuestro propio acerbo profesional.
-Formar para y por la democracia, formar ciudadanos críticos y con las herramientas suficientes como para ser partícipes en igualdad de condiciones de una sociedad en permanente cambio.
-Que en cada establecimiento educativo se contemple un equipo multidisciplinario que facilite el manejo de problemáticas sociales que repercuten en el aula.
-Incorporación de la cátedra de DDHH en la malla curricular de la Formación Docente Inicial
- Establecimiento definitivo de la carrera profesional docente, en cuyo caso se reconoce la validez de una evaluación docente, distinta a la actual.
-Que el Ministerio de Educación tenga las herramientas necesarias para intervenir en aquellas instituciones de formación inicial docente, acreditando su pertinencia y calidad.
-En el contexto de un Estado que recupera su rol docente, éste debería reconocer la calidad de funcionario público de los docentes, como una forma de dar estabilidad y destacar su aporte al desarrollo del país.
-Crear instancias que permitan definir el perfil más adecuado de los futuros docentes, así como, recuperar el control ético del ejercicio de la profesión.
-Formación continua, por lo menos cada 5 años, gratuita.
-Que la formación inicial docente contemple una formación para la construcción democrática y vinculada al medio social a los que se dirigirán sus egresados.
-Terminar definitivamente con los profesores a contrata, por atentar directamente contra la calidad e independencia del profesor a la hora de entregar su trabajo profesional.
-El cambio de la Constitución Política de 1980 por una Constitución de la República verdaderamente democrática y participativa en su origen, forma y contenido.

COMISIÓN DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA


Ratificamos:
- Lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en:
El Art. N. 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona.
El Art. 22: Toda persona… tiene derecho a la seguridad social y a obtener… habida cuenta de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos y sociales.
El Art. 23: Toda persona tiene derecho al trabajo
El Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure(…) la salud y el bienestar(…) la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios(…) seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros.

Afirmamos:
- El derecho a la vivienda consiste en el derecho de todos los hombres y mujeres a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a su composición familiar. Esto implica, el establecimiento de normas pertinentes para el cumplimiento cabal de este derecho. También la regularización responsable por parte de los poderes del Estado del uso del suelo de acuerdo al interés general de la comunidad e impedir la especulación inmobiliaria.

Consideramos:
- La política habitacional ha demostrado a través de la dictadura militar y los gobiernos de la concertación un fracaso para las soluciones reales de la gente. Se ha convertido en un nicho de mercado para los empresarios.
- Se requiere trabajar por la unidad de las distintas organizaciones sociales habitacionales en base al análisis real de los problemas existentes y sus soluciones.

- Que el país tiene una CRISIS HABITACIONAL Y DE GESTION URBANA que se expresa en:
- DEUDA HIPOTECARIA, 720 mil deudores hipotecarias, familias trabajadoras, segmentos socioeconómicos C2 a D;
-DÉFICIT HABITACIONAL, 700 mil familias sin casa familias trabajadoras, segmentos socioeconómicos C2 a E;
-CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN; se refiere a los metrajes de la vivienda, al equipamiento comunitario y de servicios, a la normalización de la construcción.
-CONDICIONES DE HABITABILIDAD, y usufructo de los servicios públicos en el hábitat urbano, aumento y profundización de la deprivación sociocultural, y exclusión social; inexistencia de Gestión y Planificación Urbana.
-RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; Hasta 1973 el gasto en Vivienda representa el 9% del PIB, baja hasta el 3,7 % del PIB durante la Dictadura, y hoy en el último Gobierno de la Concertación no supera el 4,2 % del PIB.

Rechazamos:
- La especulación inmobiliaria en la construcción de las viviendas sociales.
- El inadecuado y deficiente equipamiento de viviendas y del entorno urbano.
- La mala calidad de la vivienda
- El termino de los créditos estatales.
- La desregularización de la tasa de interés de los créditos en UF.
- La postulación a la vivienda a través de créditos con instituciones bancarias privadas.

Exigimos:
- Allegados y sin casa: Se requiere un plan de construcción de viviendas que absorba el déficit de 800.000 viviendas, donde el Estado vuelva a asumir su responsabilidad en la seguridad social y en la construcción de viviendas lo que ascendería a unos 8 mil millones de dólares aproximadamente:
a) Recuperación de un banco de terrenos por parte del estado.
b) Establecer políticas de suelo
c) Impulsar las cooperativas, la autogestión en la autoconstrucción con apoyo del Estado.
d) Construcción mínima de 60 m(2) y asegurar la calidad de la vivienda.
e) Barrios integrados
f) Reconsideración de las medidas de apoyo a los sectores de trabajadores que supere la Ficha de Protección Social por no responder a las condiciones de vida real de los trabajadores.

- Deudores Habitacionales: Solicitamos el recálculo de las deudas al valor real de la vivienda certificado por las Direcciones de Obra Municipal:
g) Pago de Dividendos durante 10 años, con un dividendo de 10% del ingreso líquido del trabajador titular de la vivienda, con una tasa no superior al 2% anual real y/o 5% nominal anual.
h) Trasladar la garantía estatal que beneficia a los bancos a los propietarios de la vivienda social.
Terminar con los Leasing de vivienda social y asimilarlos a las soluciones del resto de los deudores habitacionales

COMISIÓN DERECHO AL TRABAJO


Ratificamos:
- la Declaración de Filadelfia de la OIT en la cula se expresa que: Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tiene derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en conscientes de de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades.
- Lo consagrado en la declaración universal de los derechos humanos en su Artículo 23:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
En su Artículo 24:
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

- Lo consagrado en el convenio 122 de la OIT de 1964 Sobre Derecho al Trabajo y a condiciones de empleo equitativas. Así como todas las disposiciones sobre la materia en las norma internacionales de DDHH.

Afirmamos:
-El derecho humano al trabajo pasa por las justas reivindicaciones de este mismo derecho, lo cual conlleva, por un lado, conciencia social y, por el otro, atención del Estado a través de sus políticas al respeto de los derechos laborales y a la búsqueda de soluciones para disponer de fuentes de trabajo suficientes en número y dignas en calidad. Principalmente la protección contra el desempleo y trabajo digno.

Consideramos:
- Que la pirámide social sobre la cual se sostiene la sociedad se apoya en la explotación del trabajo humano y en la distribución desigual de las riquezas generadas por él.

- Que el mapa de la riqueza y pobreza en Chile es trazado por la apropiación indebida del tiempo trabajado por las mayorías de los habitantes del país en beneficio de una minoría.

- Que las precarias condiciones labores a que los trabajadores/as están expuestos, disminuye el costo de la mano de obra y aumenta los beneficios una minúscula parte de la población.

Rechazamos:
- La flexibilidad laboral, la política de subcontratación a la cual están expuestos los trabajadores, la precarización de sus condiciones laborales, y la impunidad legal que ampara a los empresarios en sus prácticas.
- La Constitución de 1980, por ser un conjunto de normas fundamentales impuestas de facto por una dictadura militar.
- La ley de amnistía a violadores de los Derechos Humanos y la ley antiterrorista.

Exigimos:
- La elaboración de una nueva Carta Constitucional, mediante un procedimiento democrático y participativo expresado en una Asamblea Constituyente.
- Mejorar la calidad de trabajo y democratizarlo.

- Unión y democracia de las leyes laborales.

- Fin de la subcontratación

- Propiciar un cambio del sistema económico capitalista que tiende al desperfilamiento del trabajo como derecho intrínseco de la persona humana.

- Reforma profunda al código del trabajo pues es el que permite la precarización del empleo

- Creemos firmemente que los derechos humanos deben estar introducidos en los trabajadores de la construcción ya que actualmente los sueldos, medios de trabajo y condiciones de seguridad industrial son pésimas de malas.

- Mayor participación de las bases laborales ante entes del Gobierno para que se respeten los derechos de los trabajadores
- La creación de una institución autónoma del estado y el gobierno para la defensa y promoción de los Derechos Humanos
- Dar suma importancia al grave problema que aqueja a los trabajadores de las ferias libres y persas
- El Estado debe asegurar el transporte público digno y eficiente.
- La implementación de un seguro laboral para los alumnos en práctica.
- Fortalecer y promulgar leyes que favorezcan el trabajo en general y en especial el de las mujeres y jóvenes.
- Restitución de los beneficios obtenidos por los servicios públicos antes de la promulgación del D.L. 3551.
- Reconocer los derechos de las trabajadoras de casa particular en cuanto a sus condiciones y protección laboral.
- El Gobierno debe disponer recursos para habilitar múltiples juzgados laborales en el país;
- En las Zonas Extremas, el trabajo debe ser reconocido como la principal fuente creadora de la riqueza y que por lo tanto, las Leyes de Excepción que favorecen el Desarrollo Regional lleguen también como beneficios a los trabajadores de estas zonas y que se cumpla y perfeccione la legislación laboral, además de extender el derecho a zona a todos los sectores productivos.
- Una reforma profunda al código del trabajo, pues es el que permite hoy en día la precarización del empleo; debe mejorar las condiciones y seguridad laboral; debe establecer el derecho intrínseco a sindicalizarse, y que el empresario negocie solo con el “Sindicato” y no con minorías; debe regular una negociaron colectiva real, manteniendo los pisos ganados y el efectivo derecho a huelga.
- Derecho a la Negociación Colectiva.
- Diseñar planes y programas que den oportunidades a Trabajadores cesantes mayores de 40 años.
- Abolir sin dilación el trabajo que de los niños que son sometidos a explotación laboral por parte de adultos.
- Entregar mayor facultad y recurso a la Inspección del Trabajo para que deje de ser una institución reguladora a una real institución fiscalizadora.
- Derecho a la capacitación y educación de los trabajadores, facilitándose las condiciones a través de organizaciones de capacitación y que s eles de posibilidades a quienes no tengan estudios básicos y medios completados.
- Eliminar la cotización de las personas de tercera edad a Fonasa. En reemplazo debería crearse un fondo estatal para cubrir dicho pago.
- Reconocer los años de trabajo de los ex trabajadores del PEM y POJH
- Jubilación para todos los trabajadores a los 55 años de edad y la indemnización por años de servicio reglada en el código del trabajo debe ser ampliada.
- Que los fondos de las AFP se inviertan el desarrollo del la producción nacional con la participación de los trabajadores
- Derecho a voto a los chilenos en el extranjero.
- Nacionalización de los recursos naturales: Minerales, Forestales y Marítimos.
- La generación de empresas productivas y la reindustrialización del país por parte del Estado.
- Que las empresas privadas y estatales reparen el daño causado al medio ambiente.
-Fin de la exclusión de los trabajadores en el parlamento mediante la derogación del actual sistema electoral por un sistema electoral verdaderamente democrático y justo.

COMISIÓN DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO


Ratificamos:
-Todo lo contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 (Declaración de Estocolmo). Principalmente, lo expresado en el número 2 de la Proclama: La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.
-Lo enunciado en el Capitulo 1, principio número 2: Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga; y principio número 22: Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción.
- Todo lo consagrado en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.


Afirmamos:
- Que el derecho al Medio Ambiente Sano consiste en el derecho a la convivencia entre el medio social y el medio natural en equilibrio y armonía. Es decir a una interacción responsable y respetuosa del hombre y la mujer con su entorno.

Consideramos:
- El propio ser humano es un importante generador de contaminación ambiental.
- Gran parte del excedente económico producido por el sistema, ha permitido generar grandes obras de infraestructura urbana, lo que se visualiza como un privilegio para los sectores más acomodados y para los sectores más pobres, una política de hacinamiento.
- Tenemos un absoluto desconocimiento de la legislación pertinente. Esto impide la exigencia del cumplimiento de las escuálidas normas ambientales.
- El Capitalismo salvaje es el principal generador de la contaminación de los países de América. El 80 % de la contaminación la generan las transnacionales.
- La necesaria participación activa de las organizaciones sociales, en la denuncia, movilización y propuestas frente a la temática ambiental.
-Desarrollar redes de trabajo en conjunto entre organizaciones sociales, profesionales y técnicos.
- Realizar un congreso latinoamericano sobre derechos humanos.

Rechazamos:
- Los términos del tratado bilateral entre Chile y argentina sobre integración y complementación minera.
- La impunidad con la actúan las empresas de plantas de celulosa, explotación forestal y mineras en la destrucción del medio ambiente.
- La flexibilidad de la normativa ambiental y de las decisiones de la CONAMA frente a los grandes proyectos de construcción de plantas energéticas, tanto en la ciudad como en zonas libres de contaminación.

Exigimos:
- Cambiar el sistema político, partiendo de su Constitución Política, formando una asamblea nacional constituyente, con participación de todas las organizaciones sociales y políticas.
- Una real participación ciudadana, mediante plebiscitos comunales, con información a la población.
- Correcto marco regulador, generado con la participación de todos los actores involucrados.
- Generar una Planificación urbana eficiente.
- Que todas las comunas cuenten con una planta de tratamiento de basuras.
- Regulación por parte del Estado de la generación de CO2.
- Que el Ministerio de Educación tenga propuestas claras en defensa del medio ambiente, con una política de educación ambiental, que ponga al ser humano como valor central y no al dinero.
- Los Recursos Naturales deben ser considerados un bien social. En ese sentido es necesaria la Renacionalización de los Recursos Naturales, con fuerte participación ciudadana; con esto se evita el trabajo de destrucción ambiental y saqueo económico que llevan a cabo las transnacionales en Latinoamérica.
- Derogación del Estatuto del Inversionista Extranjero, Decreto Ley N° 600, aplicado por la dictadura y perfeccionado por los gobiernos de la concertación.
- Acercamiento a la cosmovisión de los pueblos indígenas, sin dejar de lado las nuevas tecnologías.
- Aceptación del mundo intercultural en el que vivimos, contrario al proceso de globalización que se nos quiere imponer.
- Paralización y revisión de todos los tratados de libre comercio firmados hasta el día de hoy.
- Apoyo científico, técnico y jurídico a las organizaciones en sus demandas ambientales.
- Uso racional y consciente de la energía.
- Declarar el uso de agua como derecho humano.

COMISIÓN DERECHO A LOS RECURSOS NATURALES


Ratificamos:
-La Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales", principalmente lo expuesto en su primer numerado:
1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.

Afirmamos:
- Que el Derecho a los Recursos Naturales de un Pueblo consiste en la soberana y justa propiedad, generación y distribución del recurso por parte del Estado, así como de las divisas que de aquellos recursos resulten.
Así también, consiste en el ejercicio de la ciudadanía del derecho a ser informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. A las cuales se les debe reconocer el derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.

Consideramos:

- Que el desarrollo económico del país está basado, fundamentalmente en la explotación de los recursos naturales de manera intensiva: minería, recursos forestales, pesca y agua, con escaso aporte de procesos de aplicación de tecnología, y centrado en un crecimiento económico con mayor consideración de los índices macroeconómicos. Esto ha llevado a que nuestro patrimonio natural se encuentra fuertemente deteriorado, con daños en algunos casos irreversibles y altos niveles de contaminación y pérdida de la calidad de vida que deben soportar los habitantes.

- Que los “Consejos Zonales de Pesca” son meramente “consultivos” y no son democráticos pues están sobre -representados los agentes económicos-industriales.

- Que la implementación de una política pesquera que entrega la responsabilidad de su preservación y manejo sustentable, a los “usuarios o productores ” esto es a los sindicato de pescadores artesanales, a través de las “Áreas de Manejo”, ha fracasado, lo que ha implicado el agotamiento de los recursos bentónicos más explotados, y un serio deterioro económico y eco sistémico que será difícil de recuperar a corto plazo, además de la pérdida para el estado de cuantiosas inversiones que debían sustentarse con las Áreas de Manejo.

- Que en el norte de Chile el agua disponible en la superficie (ríos y lagos) es muy escaso, y más abundante en forma de napas subterráneas. El recurso está repartido de manera muy desigual, favoreciendo en mayor medida a las empresas mineras, y especuladores privados los que en algunos casos llegan a poseer casi el 75% del agua disponible

- La minería es una de las actividades que demanda el mayor consumo de energía y la más contaminante. Al impacto negativo inmediato de sus faenas, se suma el gran consumo del recurso agua y su extracción ilegal, el descenso de las napas freáticas, la desecación y contaminación de los acuíferos y salares andinos y de los bofedales.

-En Chile la legislación sobre este recurso, permite que quien solicita un derecho de exploración de aguas, tenga la prioridad para solicitar posteriormente, el derecho a explotar el agua y darle el uso que quiera. El proyecto presentado previo a la solicitud de explotación puede o no llevarse a cabo y no es exigible someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino que basta una Declaración de Impacto Ambiental , que no pasa de ser un mero formulismo

- Los organismos técnicos del estado, y las autoridades políticas regionales y alcaldes, juegan un papel de meros espectadores, y peor aún, asumen el rol de “voceros”, “propagandistas”, y agentes “facilitadores” de las grandes empresas mineras, para la ejecución de sus proyectos y/o la continuidad de sus actividades. Las empresas sólo en casos extremos y escandalosos han sido sancionadas o sumariadas, pues utilizan como arma el chantaje del desempleo y como “caballo de batalla” a sus trabajadores, para neutralizar las acciones de las autoridades administrativas y fiscalizadoras.

Rechazamos:
- Que en un alto porcentaje (más del 90%) de proyectos con implicancias y consecuencias ambientales y sociales negativas, terminan aprobándose por la voluntad del Gobierno y por las influencias políticas y económicas de los empresarios, por sobre los criterios o recomendaciones de técnicos, científicos y expertos y avasallando los derechos de las comunidades.

- La lógica mercadista y especulativa con la que la industria pesquera regional funciona al filo de la legislación regulatoria ambiental y laboral, incurriendo, no pocas veces en sanciones administrativas y multas irrelevantes, que no se condicen con el impacto negativo que provocan en cada ámbito.

- La explotación invasiva de los recursos pesqueros en el ARPA (Área Restringida para la Pesca Artesanal), afectando poblaciones de peces y bancos de recursos bentónicos consumidos por la población.

- Los atropellos y abusos laborales en contra de las tripulaciones y personal que trabaja en tierra, sin considerar la legislación laboral especial considerada para el sector pesquero.


Exigimos:
- Convocatoria a una Asamblea Constituyente.

- Declarar este Congreso en Estado Permanente con sus respectivas Comisiones y rendiciones y “socialización” de Informes temáticos.

- Renacionalización del cobre.

- Derogación del Tratado Minero Binacional con Argentina.

- Industrialización del cobre (incentivar la refinación total del cobre).

- Política estatal de prospección y explotación de nuevos yacimientos.

- Fijar el volumen de producción, procedimiento y precio de venta del cobre.

- Implementar una Fiscalía del Medio Ambiente y auditorías ambientales a las empresas, con representación ciudadana.

- Considerar en la legislación ambiental el carácter de delito ambiental

- Incluir consideraciones éticas que regulen las negociaciones entre los ciudadanos y las empresas.

- Crear Fondo estatal de Patentes Ambientales.

- Establecer el Defensor Nacional de los Derechos Ambientales.

- Democratizar las instancias de Participación ciudadana.

- Que el estado cumpla con su rol fiscalizador en todos los ámbitos ambientales, aplicando ética y moral.

- No al uso de la energía nuclear, si al uso de la energías limpias y renovables.
- Promover la Educación Ambiental en todos los niveles educativos.
- Creación de Fondos Regionales para proyectos ambientales.
-Carga impositiva real a la gran minería
-Elevar la carga impositiva real a la minería para las empresas que generan residuos contaminantes (plásticos, gases, otros)
-Fin a la privatización de los recursos estratégicos e insumos y servicios básicos.
-Aplicar un impuesto nacional por la explotación de los recursos naturales, los que deben ser invertidos en la Región afectada.
-La aplicación efectiva de la “Carta Social del Agua” (2° Foro Mundial del Agua – La Haya).
-Regular la reforestación de especies foráneas ( pino insigne) e incentivar la forestación de los bosques nativos.
-Prohibir la captura y caza de cetáceos en las aguas jurisdiccionales chilenas.
-Moratoria a la pesca de arrastre.
-Exigir la rotulación de productos alimenticios transgénicos.

COMISIÓN DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL


Ratificamos:
-Lo que se reconoce el Art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".
-Por su parte, el Art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) dice : "Toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia".
-También el Protocolo de San Salvador, en su Art. 9, dice que la seguridad social debe contribuir a que los/as no capacitados/as obtengan los "medios para llevar una vida digna y decorosa". Agrega que "cuando se trate de personas que se encuentren trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuída por maternidad, antes y después del parto".
-El Convenio 102 de la OIT, adoptado en 1952, que entró en vigor en 1955, estableciendo las normas mínimas sobre seguridad social y que regula los siguientes rubros:
- Asistencia médica preventiva o curativa.
- Prestaciones monetarias de enfermedad.
- Prestaciones de desempleo.
- Prestaciones de vejez.
- Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.
- Prestaciones familiares.
- Prestaciones de maternidad.
- Prestaciones de Invalidez.
- Prestaciones de sobrevivientes.
- Y toda la normativa internacional que establece a la seguridad social como un Derecho Humano.

Afirmamos:
- Que el Derecho a la Seguridad Social consiste en el derecho que tienen todas las personas de que se el Estado garantice un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación ventajosa o desventajosa de inserción en el mercado laboral o de adquisición de habilidades y conocimientos.

Consideramos:
- Que el Nuevo Sistema de Pensiones (AFP) no es un sistema de seguridad social. Es un sistema de seguro privado por tanto constituye un negocio para los grandes conglomerados transnacionales. No cubre los estados de necesidad de la inmensa mayoría de los trabajadores, de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional de Trabajo.

- Que el sistema de AFP es consustancial al modelo neoliberal.
- Que gracias a los ahorros previsionales de los y las trabajadores/as chilenos/as, el sistema neoliberal se ha consolidado económicamente.
- Que la inversión que podría hacerse con los 106 millones de dólares permitiría el desarrollo minero, de industrias estratégicas, .se crearían innumerables puestos de trabajo, se mejoraría la calidad de la educación, de la salud, que debieran ser gratuitas. Las pensiones deberían tener niveles cercanos a la remuneración en actividad.
- Con respecto a la Reforma del Sistema Provisional presentado por el Gobierno, consideramos que es más de lo mismo, es decir mejora el negocio para las AFP, integra a los Bancos al Negocio de la Administración de los Fondos de Pensiones, aumenta al doble el porcentaje de inversión en el extranjero, subsidia a los empleadores para que contraten trabajadores menores de 35 años por 24 meses, generando una rotación permanente de trabajadores, con beneficios tributarios para el empleador y para quien tiene capacidad de ahorro.

- El sistema denominado de pensiones solidarias es un volador de luces porque tendrán acceso a ella solo quienes califican como pobres, es decir que tienen un ingreso inferior a $ 48.000, lo que beneficiará a un máximo de 140.000 personas, un 0.68 % de la población.
Esto significa que estas personas recibirían una Pensión de $ 40.000 a partir de junio de 22008 y aumentaría a $ 75.000 en junio de 2010.

Rechazamos:
- Que las cotizaciones sean sólo de cargo del trabajador, el empleador no aporta nada.
- Que las comisiones financien el seguro, la ganancia de la AFP, y los trabajadores deban absorber todas las pérdidas que sufren las inversiones e incluso pagar también la comisión.
- Que los pensionados a pesar que cumplan con el ciclo de acumulación de fondos, deben seguir pagando comisiones a las AFP.
- Que la inversión no se efectúe en Chile, tenga fines especulativos, y las leyes le permitan a las empresas de la previsión social invertir hoy hasta un 40% del total de los fondos previsionales de los trabajadores en el extranjero.
Exigimos:
- Cambio de la Constitución. Debido a que la ley sobre el Sistema de Pensiones es una ley orgánica, es decir, se requiere de dos tercios del parlamento para ser modificada, para tener un sistema previsional que sirva a los trabajadores chilenos, la movilización es el único medio para cambiar r la constitución política que es la base de sustentación del sistema neoliberal. A la derecha y a la Concertación les interesa mantener incólume el actual Sistema, por tanto en el Parlamento no es viable .modificar el sistema provisional.

- Mientras no se cambie la Constitución, proponemos las siguientes medidas paliativas:

1. Pensión Mínima garantizada con 10 años de cotizaciones.

2. Comisión de AFP de 1% sueldo imponible.

3. Traspaso al INP de todos quienes tengan menos de $10.000.000 y le falten 10 años para jubilar.

4. Pensión de régimen completo y permanente a Exonerados políticos, torturados, y Presos políticos, sin requisitos, exigencias ni prescripción y compatibilidad total entre todas las pensiones.

5. Cotización del empleador equivalente a la del trabajador.

6. Derogación de la cotización de salud a todos los pensionados.

7. Imprescriptibilidad total de los derechos de los exonerados, presos políticos, torturados y pensionados de régimen (deuda histórica).

8. Pensión de sobrevivencia: 100% para el cónyuge de ambos secos.

9. Pensión mínima Ética: $ 250.000 para todos.

10. Definición de pobreza: todos quienes ganen menos del sueldo mínimo.

11. Empleo juvenil y prácticas estudiantiles con iguales derechos e ingresos que los trabajadores adultos.

12. Becas de reparación Valech, Retigg, igualdad de beneficios.

13. Derecho a desafiliación para todos sin costo.

14. Restablecer el sistema de reparto con un solo régimen para trabajadores públicos, privados y fuerzas armadas.

COMISIÓN DERECHO AL DESARROLLO


Ratificamos:
-Lo considerado en las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciados en esa Declaración.
-Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
- Los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta,
- Los derechos de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural,
- Particularmente la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU de 1986, en la que se expresa en su Artículo 2:
1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.
2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.
3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.

Afirmamos:
- Que el Derecho al Desarrollo está vinculado a la plena realización del resto de los derechos humanos. Así como la interdependencia e indivisibilidad de los mismos: Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos. Derecho de toda persona y todo pueblo a participar en el desarrollo económico, social y político en que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Consideramos:
- Que el denominado bien común dentro del marco neoliberal, se sustenta en mecanismos encubiertos de dominación, subordinación, explotación y exclusión social.
- En América latina y la realidad chilena, tienen como base el concepto de propiedad privada y los medios de producción, observándose que desde la colonia, los medios de producción han estado en manos privados. Se conservan patrones culturales en que los representaciones sociales y significados que dan cuenta de la cultura dominante, hacen ver con mayor relevancia la protección del derechos a la propiedad privada, por sobre la importancia que adquiere el derecho a la vida.
- Que el endurecimiento de la política criminal y sistemas de persecución penal y control social, hoy reflejan este celo por cuidar los derechos de privados de los dueños de las cosas y nos las condiciones que vulneran los derechos vinculados con el desarrollo integral de las personas; educación, salud, vivienda, etc.
- Se observa una sociedad construida sobre la base de una concepción homogeneizante, chauvinista y religiosa. Favorecer un proceso de transformación social en que nos reconozcamos desde la memoria histórica y construir empoderamiento de la clase trabajadora como gestor central y relevante del desarrollo. Existen aquí elementos para concebir el bien, desde una perspectiva histórica, colectiva, solidaria, identitariamente unida a la cultura de los trabajadores.
- En los modelos de desarrollo conocido e implementados en el país no ha existido participación popular, a excepción de los años en que gobernó la Unidad Popular. Se requieren cambios políticos para la implementación de un nuevo modelo que dé cuenta de la capacidad para el empleo, que resuelva la inestabilidad, que garantice el acceso a la educación, las capacidades tecnológicas y el desarrollo cultural.
- El modelo de desarrollo que surge con orientaciones desde el pensamiento de izquierda, deberá generar condiciones para observar nuevas emergencias de escenarios políticos, teóricos, metodológicos, de nuevas formas de participación social y construcción de espacios para el desarrollo, en que los sujetos conciben diferentes y nuevas formas de lucha social. El desafío es resolver en términos reales una ética social para la inclusión.
- El desarrollo exige asumir además de la visión jurídica, política y económica, una posibilidad de participación democrática de los colectivos sociales, poblacionales, facilitando para ellos un sistema de relaciones sociales basados en la asociatividad y cooperación, la confianza y la solidaridad, la resolución no violenta de los conflictos, la construcción de una cultura para la paz, la educación inclusiva y el reconocimiento de grupos minoritarios, tales como colectivos de minorías sexuales, pueblos originarios, personas diferentes con discapacidad.
- Desde la Identidad de poblador, luchador, anti-neoliberal, generar una plataforma de desarrollo social.

Rechazamos:
- El actual modelo de desarrollo que se basa en la explotación de las personas y depredación de la naturaleza.
- Las flexibilidades del Estado frente al poder de las trasnacionales y las grandes empresas.
-El monopolio velado de la distribución de la alimentación y artículos básicos de consumo por parte de dos holdings de reatil en todo el país.
Exigimos:
- Un modelo de desarrollo que favorezca el Derecho a la Información y Desarrollo de la Cultura. El acceso al desarrollo cultural, que permita evitar la pérdida de identidad cultural, la pérdida de información pluralista. Una de los factores que dificulta el derecho a la información abierta y plural, está relacionado con un consumo de noticias al servicio del mercado y a un reducido grupo dueños de los medios de comunicación masivos. Esto genera una margen cultural limitado, no escogido, que no representa las inquietudes sociales para la transformación social.
- Un proyecto de desarrollo con participación y aprobación de los ciudadanos y no producto de la imposición de los criterios del marketing.
- El derecho de los trabajadores a participar en las decisiones empresariales que les afectan.
- Un modelo de desarrollo que ponga como centro a la persona y no a la ganancia del mercado. Por tanto un sistema político que sirva a los objetivos del desarrollo humano integral, debe transitar hacia cambios profundos, de orientación ideológica, para desprenderse de la orientación neoliberal. Se requiere un colectivo social, político y cultural que se atreva a mirar un concepto de desarrollo distinto al actual. Hacer posible un Desarrollo inclusivo y no excluyente.
- Se debe garantizar que los pueblos, el pueblo de Chile, pueda ser parte de la construcción colectiva de un modelo de desarrollo humano e integral.
- El desarrollo es nacional, sustentable, equitativo, considerando la realidad de diversidad cultural y las distintas formas de propiedad existentes.
- La consideración de un modelo de desarrollo social integral, que considere la realidad con sus particularidades y generalidades, lo subjetivo, lo incierto y en permanente construcción, que se nutre desde las experiencias locales, regionales y nacionales. Un desarrollo que reconoce y legitima estas diferencias culturales, no se puede sustentar en la sola idea de un modelo único, por el contrario, en él deben estar contenidas las diferentes experiencias y subjetividades, construcciones culturales del desarrollo que existe en el norte, centro y sur del país.
- Resolver temáticas pendientes para una verdadera democratización del país: Constitución Política, sistema binominal, plebiscito.
COMISIÓN DERECHO A LA CULTURA

Ratificamos:
- El artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio"
- El artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de Diciembre de 1966, el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la misma fecha y el Nº 2 de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada el 14 de Diciembre de 1960 por la Asamblea General de las Naciones en su Resolución 1514: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural."
- El artículo 1.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que: "Los Estados Partes... promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas."


Afirmamos:
Derecho a la Cultura es el derecho de todas las personas a participar con libre determinación de la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y artístico y de proyectarla colectivamente en el tiempo.
Consideramos:
-Que los medios de comunicación no difunden nuestros valores culturales y nos invaden con manifestaciones artísticas foráneas.

- Que no existe una política de promoción y difusión de la cultura nacional, sólo se realizan eventos culturales bajo el criterio de mercado desmereciendo el valor del trabajo de los artistas nacionales.
- Que existe una carencia de bibliotecas públicas y escolares, con textos modernos y suficientes para la población.
-Que el gobierno carece de una de una política de preservación de nuestra historia cultural.
- Que la importancia de la cultura en educación no es igual para todos. Por ejemplo cómo se trata la cosmovisión mapuche en las diversas escuelas del país.
- Que existe una gran cantidad de recursos económicos que se gastan en “cultura” que no siempre van en la promoción y difusión de ella, especialmente a través de proyectos (FONDART, Consejo del libro, otros).
- Que no existe una valoración de la cultura popular como patrimonio nacional, como parte de nuestra idiosincrasia.
- Se ha destruido la cultura nacional, el modelo neoliberal ha generado una transculturización con influencia de los países desarrollados y ligada fuertemente al consumismo.
- Se está perdiendo la cultura de los pueblos originarios víctima de la globalización y del modelo neoliberal depredador.
- La libertad de la Enseñanza no contempla la preservación de las diferentes culturas.
- El gobierno no está interesado en desarrollar una política de preservación de la cultura nacional, del arte, la artesanía, la arquitectura y los monumentos nacionales, como parte esencial de nuestra historia cultural, se aplica la estrategia del olvido, no se rescata la memoria histórica, con fines eminentemente políticos.
- Carecemos de una política real de integración cultural y no se respeta la diversidad cultural que representan los pueblos originarios.

Rechazamos:
- Existe una influencia extranjerizante impuesta por el modelo neoliberal en la cultura nacional que ha relegado nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y raíces culturales.
- Rechazamos el cobro del IVA en los libros por considerarlo un impuesto a la cultura.
Exigimos:
a) Se propone la reestructuración del Ministerio de Cultura, como un organismo que elabore una política cultural con participación de todas las organizaciones culturales debidamente representadas. Este ministerio debe contar con Secretarías regionales de cultura como forma orgánica de descentralización cultural

b) Establecer el concepto del trabajador de la cultura y las artes, que supere la idea del artista como creador individualista lejano a la realidad y al contexto político social en que vive.

c) Rechazamos el concepto neoliberal de “gestor cultural” que sólo realiza usufructo de la obra de los artistas transándola en el mercado como una mercancía. El gobierno debe apoyar, promover y difundir la labor de los artistas mediante una política cultural, sin ningún tipo de exclusión y destinando los recursos para ello.

d) Las Universidades deben volver a realizar labores de extensión cultural, especialmente hacia regiones y comunas más apartadas de las urbes, con un presupuesto anual para financiarlas.

e) Crear en cada comuna del país una Escuela artística, que detecte y desarrolle los talentos de niños y jóvenes, que se pierden por no contar con el apoyo estatal. Las condiciones artísticas de los estudiantes no pueden quedar supeditadas a la voluntad de algunos mecenas o empresarios privados.

f) El currículo del sistema educativo debe contemplar asignaturas artísticas en todos los niveles y especialidades con los recursos y materiales necesarios para trabajar con éxito.

g) El gobierno debe implementar un programa de becas para el desarrollo del talento artístico, con una comisión de selección y adjudicación conformada por miembros idóneos que no respondan a intereses políticos ni comerciales.

h) Revisar y reestructurar los requisitos, criterios y formas de postulación y adjudicación de los proyectos de fomento de la creación artística y cultural, como el FONDART, el Consejo del libro y otros que siembren ganan los “mismos consagrados”.

i) Reformar la legislación sobre el derecho de autor y propiedad intelectual de la obra artística, protegiendo la creación nacional por sobre las manifestaciones extranjeras.

j) Aplicar un impuesto a todos los espectáculos artísticos extranjeros que funcionen en nuestro país con fines de lucro.

k) Legislar para que los medios de comunicación estén obligados a difundir en un porcentaje de a lo menos un 60 % las creaciones artísticas nacionales frente a las expresiones extranjeras.

L) Creación de departamentos de cultura en todas las organizaciones sociales, sindicales, juveniles, estudiantiles y municipios del país.

M) Diseñar una política de defensa y promoción de la cultura nacional y de integración de las culturas latinoamericanas y del Caribe.
COMISIÓN DERECHOS DE GÉNERO

Ratificamos:
-Lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en relación a la no discriminación y a la igualdad entre hombres y mujeres.
-Lo consagrado en cada uno de los pactos internacionales de derechos humanos en relación a la obligación de los estados de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
-Lo expresado en el artículo 5 de la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer: La necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Afirmamos:
-El presente derecho consiste en brindar tanto a hombres y mujeres igualdad de condiciones y oportunidades para el igual goce y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Consideramos:
-Que la participación ciudadana desde la perspectiva de la oportunidad y ejercicio de las mujeres se ve inexistente o limitada.
-Que una de las mayores consecuencias de la Dictadura ha sido el miedo a opinar, a ejercer control social. El miedo quedo muy internalizado, se debe cambiar el modo de trabajar que ha instalado la concertación cada vez se involuciona mas en términos de participación sobre todo la femenina.
-Las mujeres han sido usadas y utilizadas para cumplir un rol domestico, de servicio al hombre candidato y aquellas que han sido electas se le otorgan o se integran a comisiones relacionadas con lo familiar y tradicional, perpetuando la mirada cultural.
-Las leyes laborales no están dirigidas para garantizar la protección de la mujer. Además, estas no poseen un enfoque de género tanto en su constitución como en su aplicación.
-La mujer ejerce un doble rol: En el mundo laboral remunerado vive desigualdad tanto en el ingreso como en las condiciones de ejercicio. La mujer que trabaja en su hogar no tiene o no posee ningún sistema de protección social, queda absolutamente desposeída.
-A nivel de salud y educación no hay reparación y contención para las jóvenes que han vivido hechos abortivos y embarazos no planificados.
-El aborto es un problema de la sociedad, por no garantizar la calidad de vida de las personas.
-No se potencia y fortalece la participación intelectual de las mujeres y menos se las prepara para enfrentar los espacios públicos.

Rechazamos:
-La participación vista por el gobierno e implementada por el mismo de manera unilateral, solo se tocan los temas que la institucionalidad desea y de la manera en que esta lo desea manteniendo el poder y el control.
-La participación ciudadana como algo supeditado a movimientos o eventos coyunturales que no implican cambios profundos y permanentes. Esta realidad esta propiciada por la nula o escasa información que condiciona la movilización y participación.
-La asociatividad impulsada por el Estado, quien asocia la participación ciudadana organizada con la entrega de recursos asistenciales o cifras humanas para inflar programas sociales.
-Que a las mujeres en participación política partidista se le asignen funciones secundarias o consideradas irrelevantes.
-Que la mujer sea considerada en este sistema económico como mano de obra barata, expuesta a la explotación y denigración.
-La existencia de despidos por embarazo y el falseamiento del motivo o causal de este. Aún se pide el test de embarazo o te preguntan de manera disfrazada si utilizas algún mecanismo de anticoncepción.
-La discriminación por condición, edad y características físicas.
-La falta apoyo para las estudiantes que están embarazadas.
-Que la iglesia intervenga de manera espeluznante, generando culpabilidad y limitando la libertad de las mujeres para optar y decidir sobre su cuerpo y reproductividad. Esta entidad después no responde por las consecuencias de una inadecuada planificación familiar.
- Que a pesar de los diversos instrumentos jurídicos de protección las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y atentados a sus derechos fundamentales.

Exigimos:
-A las autoridades del poder ejecutivo y legislativo integrar la perspectiva de género en sus propuestas.
-Paridad en los cargos y ocupar más espacios públicos de relevancia social.
-Garantizar la igualdad en salud para las mujeres. Esto debe ir de la mano con los cambios culturales que se puedan producir.
-El Estado debe considerar las diferencias biológicas y sociales de las mujeres para generar planes acordes y con profesionales adecuados.
-El Estado no debe tener lineamientos que sigan permitiendo la subordinación, el empobrecimiento y el maltrato al género femenino.
-Cambiar la constitución para obtener cambios profundos e insistir en los cambios culturales -patriarcales que limitan el acceso de las mujeres al sistema educacional.
-Alfabetización digital para todas y con fácil acceso y más espacios para la educación cultural.
-Realización periódica de Consultas Populares para la toma decisión.
-Organizar Cabildos ciudadanos.
-Implementar planes de educación cívica con perspectiva de género.
-Igualdad en propuestas para ocupar cargas a nivel político partidista, con la finalidad de realizar cambios de esta cultura patriarcal.
-Hacer una medición digna de la contribución económica que realiza la mujer al país con su trabajo domestico. Esto como una manera de proteger a la familia y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
-Que la legislación laboral considere como un mecanismo de protección la igualdad salarial ante un mismo trabajo, sancionando y evitando la discriminación por sexo.
-Buscar un mecanismo equitativo e igualitario en que hombres y mujeres puedan hacer uso del pre y post natal. De esta forma se garantiza la participación del hombre en la crianza de los y las hijas y la valoración de estos del espacio domestico, fortaleciendo la concepción de una nueva masculinidad. De esta manera se garantiza igualdad de condiciones laborales.
-Crear organismos especiales de fiscalización en materias legales concernientes a los derechos de las mujeres, por ejemplo el acoso sexual, solicitud del test de embarazo, etc.
-Crear un departamento al interior de la dirección del trabajo, especializado en la atención de denuncias por mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo, acoso sexual, sueldos, discriminación por edad, etnia, características físicas y residencia.
-Regular jornada laboral, días libres, vacaciones, sueldos y protección social de las asesoras de hogar, con la correspondiente fiscalización.
-Fiscalizar las condiciones laborales de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, asumiendo la realidad ya existente y que ninguna mujer sea obligada a ejercerlo (no a la esclavitud sexual).
-Que el Estado genere un catastro y estudios de la fuerza laboral femenina, principalmente aquellas con menos protección legal y social, con el objeto de mejorar, evaluar o modificar estas condiciones de trabajo.
-Debería haber programas de salud preventiva y de atención en salud para la mujer desde la infancia hasta la adultez mayor, de manera integral (física y psicológica) y con perspectiva de género.
-Realizar un plebiscito para que las mujeres del país decidan sobre materias del aborto, pastilla del día después y otras materias relacionadas con nuestros derechos sexuales y reproductivos
-Que nuevamente el Estado administre los servicios de salud de atención primaria.
-Que el Estado de responsabilice de las mujeres que abortan en clandestinidad (una vez realizada su despenalización y legalización).
-Crear un programa especial de salud que acoja y apoye a la mujer, especialmente a al adolescente embarazada en la toma de decisiones.
-La generación de becas especiales para mujeres adultas de escasos recursos con o sin trabajo remunerado (que quieran nivelar estudios y optar a estudios superiores). De esta manera se garantiza el acceso y la igualdad de condiciones.
-Que los programas de nivelación de estudios contemplen guarderías infantiles y además, las instituciones de enseñanza superior, media y básica.
-Que las capacitaciones en oficios o de especialización en temáticas especificas provenientes del Estado sean acordes a las necesidades laborales y efectivas para la competencia y desempeño de una trabajadora.
-Alfabetización digital y de nuevas tecnologías informáticas de calidad, personalizada y con horarios acordes para las mujeres trabajadoras y que dicha actividad sea remunerada.
-Mallas curriculares que incorporen planes de educación sexual y cívica con perspectiva de género. Estos no deben ser incorporados de manera transversal debido a que quedan al arbitrio del plantel educativo.
-Que en las carreras de pedagogía incluyan en su malla curricular el enfoque de género y de violencia contra la mujer para tener docentes formados en la igualdad de género.
-Que el Estado nuevamente se haga cargo de la educación.
-Que el Estado visibilice el rol de la mujer y su participación de los procesos históricos en los textos de estudio.
-Especialización en VIF y Género del personal que labora en Tribunales de Familia y Fiscalía.
-Se requiere de políticas públicas tendientes a desnaturalizar la VIF y en contra de la mujer, para derribar los mitos y creencias asociados a ella.
-Prohibir expresamente la mediación en casos de VIF por parte del consejo técnico o jueces. Debido a que la mujer no está en igualdad de condiciones de poder con su agresor.
-Dotar al tribunal de abogados/as que puedan patrocinar las causas de las mujeres víctimas de VIF.
-Que los tribunales cuenten con una sala exclusiva para la protección y atención de las mujeres victimas de VIF.
-Otorgar medidas cautelares por el solo merito de la denuncia.
-Exigir a los y las fiscales adjuntos llevar hasta su término las causas por VIF.
-Incorporar en la legislación laboral articulados que obliguen al empleador a garantizar la estabilidad en el empleo a las mujeres víctimas de VIF (debido a los procesos judiciales). Además, de brindarles seguridad al interior del trabajo.
-Generar desde el Estado la promoción de compromisos empresariales para la incorporación laboral de mujeres víctimas de VIF.
-Promover acciones efectivas de acceso a la vivienda, otorgando por ejemplo; una ponderación especial en la Ficha de Protección Familiar.
-Exigir la ratificación en el parlamento del protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
-Evidencia la violencia psicológica a través, de campañas publicitarias que lleven a la mujer a la toma de conciencia de la realidad en que viven.
-Que en los procesos judiciales sea obligatorio el peritaje psiquiátrico a los agresores para determinar peligrosidad o rasgos sicopáticos.
-Que la integridad física y psíquica de la victima este sobre los derechos patrimoniales del agresor.
-Creación de organismo fiscalizador de procesos y sentencias por VIF.
-Legalización del aborto y despenalización del mismo.
-Que el femicidio sea incorporado como figura legal y sancionado con penas máximas.
-Difundir masivamente y con leguaje claro y preciso los derechos que contempla la legislación vigente para las mujeres.
-Castigar con penas máximas el abuso sexual y violación.
-Regularizar ante el SERVIU el acceso a subsidio habitacional en caso de separación de hecho.
-Que las políticas gubernamentales favorezcan a aquellas mujeres en estado de ruralidad y aislamiento, por ejemplo, posta móvil, educación y servicios.
-Campañas de sensibilización tendientes a favorecer la tolerancia y solidaridad hacia la mujer inmigrante e indígena.
-Que el Estado ratifique el convenio 169 para reconocernos como pueblo pluricultural y plurinacional.
-Prohibir la explotación de la imagen de la mujer en los medios de comunicación como instrumento de erotización y mujer objeto.
-Que los medios de comunicación democraticen la imagen de la mujer, tendiente a evitar estereotipos que conduzcan a la discriminación y dañen la autoestima.
-Que los equipos editoriales de los diversos medios de comunicación incorporen la mirada de género.
-La realización de una Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución.

COMISIÓN DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO

Ratificamos:
- Todos los tratados, pactos y normativas universales e interamericanas de Derechos Humanos. Principalmente las que dicen relación con el desarrollo integral de las personas y aquellas en que se consagre directa o indirectamente el derecho al libre desplazamiento y a la dignidad de las personas.

Afirmamos:
- Que el derecho al transporte de servicio público es un derecho humano emergente. No obstante, debe ser accesibles dignamente y con eficiencia a todas la personas, independientemente del estatuto y de las rentas.

Consideramos:
- Que el actual sistema de transporte público ha vulnerado los siguientes derechos humanos.
a) Derecho a la integridad física y psíquica de la persona.
b) Derecho al respeto a la honra y a la dignidad del individuo.
c) Derecho a la libre circulación
d) Derecho a presentar peticiones a la autoridad.
e) Derecho a la no discriminación (tercera edad, minusválidos, etc.)
- Que la mala calidad del transporte ha tenido incidencia negativa en la economía y relaciones familiares.
- Se ha deshumanizado la relación pasajero-conductor.
- Cambio negativo en la calidad de vida de las personas (vida familiar y trabajo).
- El Estado ha impuesto un sistema de transporte de pasajeros que sin lugar a dudas es deficiente.
- Que se hace urgente potenciar y fortalecer el desarrollo de la participación ciudadana y el aumento de los canales de participación ciudadana.
- la necesidad urgente de incentivar el desarrollo del bienestar colectivo por sobre el personalismo reinante en nuestra sociedad.
- Solicitar al Congreso de DD.HH, orientar y formar una mayor organización para la movilización a la ciudadanía.
- Solicitar a las organizaciones de DD.HH. que se pronuncie sobre a una propuesta clara sobre este tema.
- Demandar de los medios de comunicación mayor promoción de DD.HH.
-Reclamar al parlamento su autocrítica en el desempeño de la representación ciudadana.
- A los dirigentes presentes en el Congreso, perseverar incansablemente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, como lo han hecho hasta hoy.

Rechazamos:
- La implementación de servicio público como el transporte en base al afán de lucro, el cartel y la irresponsabilidad del gobierno en el problema.
- La falta tecnología acorde al proyecto.
- Las irregularidades en los sistemas de pago, el pago reiterado y anticipado.
- La falta de planificación de recorridos.
- La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.
Exigimos:
- Control y responsabilidad estatal mediante la creación de una empresa de transporte público con más fiscalización.
- Creación de la figura del defensor ciudadano de forma independiente al estado proveniente de organizaciones ciudadanas (con facultades legales suficientes para lograr su objetivo).
- Promoción de los DD.HH en medios de comunicación estatal.
- Promoción de los DD.HH. en escuelas y liceos
- Establecer al transporte público de calidad y digno, como una garantía constitucional




DERECHOS DE LOS PUEBLOS

COMISIÓN DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Ratificamos:
-Lo expuesto en el articulo uno de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, el cual reconoce el principio de «libre determinación de los pueblos», como base del orden internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 14 de diciembre de 1945 la resolución 1514 (XV) que condenó el colonialismo y declaró que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, derecho que se ejercería a través de la consulta a la población, mediante plebiscito o referéndum.
-La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel de 1976. Esta declaración señala: artículo 5. Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. Artículo 7. Todo pueblo tiene derecho a un régimen democrático que represente al conjunto de los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, creencia o color, y capaz de asegurar el respeto efectivo de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos. Artículo 8. Todo pueblo tiene un derecho exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales. Tiene derecho a recuperarlos si ha sido expoliado, y a cobrar las indemnizaciones injustamente pagadas. Artículo 11. Todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior. Artículo 19. Cuando, en el seno de un Estado, un pueblo es una minoría, tiene derecho a que se respeten su identidad, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural. Artículo 27. Los atentados más graves a los derechos fundamentales de los pueblos, sobre todo a su derecho a la existencia, constituyen crímenes internacionales que entrañan la responsabilidad penal individual de sus autores. Artículo 28. Todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993, afirmó en su Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 que "la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida".

Afirmamos:
-El derecho a la autodeterminación de los pueblos, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.
El Derecho a la autodeterminación de los pueblos es, junto con el de respeto a la Dignidad Humana, la esencia de todo el ordenamiento de lo Derecho Humanos y es el correlato esencial de la soberanía popular.
Este derecho es el que permite una profunda democratización política, económica y social.

Consideramos:
- Que el pueblo de Chile y las naciones indígenas del país no han ejercido hasta hoy su derecho a la autodeterminación. A través del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura militar, se arrebató el poder constituyente, del aquel entonces, pueblo de Chile. Flagelo que aún a 34 años no ha sido reparado. En ese sentido, la constitución de 1980 que rige actualmente no es una herramienta política y jurídica que goce de legitimidad ya que, no es emanación de la voluntad soberana y popular de todos y todas los chilenos y chilenas ni de la voluntad de las naciones indígenas.
- Que desde los albores de la república las constituciones se caracterizaron por su origen poco democrático. Fueron instrumentos siempre surgidos de comisiones elitistas que, para el caso, dotaron al poder económico extranjero de amplias libertades, fomentando su intervención indiscriminadamente y limitando la libertad de Chile. En ese marco, la dictadura de Augusto Pinochet, mediante constitución de 1980, no solo profundizó ese aspecto sino que además desmanteló el Estado nacional desarrollista, vaciándolo de contenido y de autoridad frente a la transnacionales y el poder económico local. De esta forma, las disposiciones de la nueva carta fundamental desvanecieron el rol social del Estado y la soberanía nacional. Situación que se mantiene hasta hoy.
- Que la frágil institucionalidad del Estado en materia de soberanía popular tiene como consecuencia directa la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la precarización del trabajo; facilitando, en beneficio de los bloques de poder europeo, norteamericano y asiático, el saqueo económico de las riquezas a los pueblos de Chile. En tal sentido, mientras no se recuperen las riquezas básicas para todos y todas las habitantes del país, ningún proceso de autodeterminación tendrá real validez ya que, la recuperación de tales recursos es uno de los requisitos indispensables para la consecución de un proceso efectivo de libre determinación económica, social y cultural.
- Que en relación al derecho en materia, la situación de las naciones indígenas es extremadamente crítica, sobresaliendo la situación del pueblo mapuche. La aplicación injusta de la ley antiterrorista es, en este caso, la expresión más cruda de la violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, criminalizando el derecho a la defensa de la vida en el territorio y de los recursos materiales y espirituales que este posee.
De esta forma, la ocupación, intervención y explotación de los recursos naturales por parte de las transnacionales y los grupos económicos locales, en territorios ancestrales de las naciones indígenas, atenta no solo en contra de los recursos económicos sino también culturales de estos pueblos. También, el no reconocimiento de autonomía para esto pueblos limita la continuidad de su forma de vida, lo que atenta contra la diversidad y la afirmación de la composición plurinacional y multicultural del país.
En tal caso, se deben reconocer las estructuras de autoridad y decisión de los pueblos indígenas así como sus mecanismos de administración y distribución del poder.
En relación a aquello, la actual constitución no ofrece protección a los pueblos originarios, restringiendo aún más los limitados beneficios y garantías al denominado “ciudadano chileno” excluyendo la posibilidad a que otros seres humanos accedan a dichas garantías sin necesariamente adscribir a la nación chilena.
- Que el Estado de Chile se encuentra atrasado en la elaboración, firma y ratificación de legislación, nacional e internacional, con respecto a las políticas para fomentar y preservar el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
- Que la Constitución Política del Estado es la herramienta política y jurídica a la que le corresponde plasmar y proteger este derecho. En consecuencia se hace necesario dotarnos de una nueva carta fundamental que esté orientada a colocar al ser humano y su colectividad como valor central. Sabemos que existen trabas legales para que esto ocurra. No obstante, si bien los poderes del Estado, las autoridades y el gobierno central no están facultados para llamar una asamblea constituyente, existe el derecho inherente del pueblo, ya que en él radica el poder constituyente, a iniciar un proceso tal que reclame la refundación política, económica y jurídica del país.
- Que el país se encuentra sometido en sus libertades y necesidades por un sistema social y político que se dice democrático cuyas bases son el capitalismo y el liberalismo. El neoliberalismo se sustenta en la competencia y lucha de todos contra todos por el solo bienestar individual, justificando así la pobreza y la miseria. En este marco, los valores que ofrece la actual democracia son la libertad del mercado y la justicia del equilibrio de la oferta y la demanda. Generando y profundizando, bajo esta lógica, el individualismo egoísta. Lo anterior atenta contra los derechos humanos en su conjunto, entendiendo tales derechos como privilegios.
- Que la aspiración del derecho de autodeterminación debería ser transversal a toda la sociedad que comparte dentro de los límites del Estado de Chile, incluyendo a las naciones indígenas. Por eso se hace necesario trabajar en torno a la construcción de una amplia mayoría constituyente, requisito necesario para producir cualquier transformación en el sistema social. Al mismo tiempo, se requiere ir encontrando soluciones para el establecimiento de autonomías comunales, regionales y territoriales que beneficien a todo el pueblo y naciones de Chile.

Rechazamos:
- La aplicación de la ley antiterrorista contra el pueblo Mapuche y libertad inmediata a los presos políticos mapuches.
- La incorporación del Estado de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Proponemos:
- Generar nuevos mecanismos y nuevos lenguajes pero sin desconocer la verdad de la explotación, opresión y lucha de clases.
- Identificar actores, lenguaje e instrumentos acorde al nuevo contexto y a la multiplicidad organizativa en el mundo social.
- Aportar a un proceso de acumulación de fuerza a partir del apoyo y movilización de demandas concretas (servicios básicos, trasporte, alimentación de calidad, democratización del municipio, etc.) en las regiones, comunas y barrios.
- Replicar desde ahora la discusión de este Congreso en las instancias naturales de organización comunal y vecinal (clubes deportivos, clubes sociales, centros culturales, juntas de vecinos, etc.)
- Realizar una conferencia evaluativa de las propuestas y avances de este congreso, en un plazo de no mayor 8 meses.
- Diseñar un programa para incidir con una posición crítica y propositiva en la reflexión sobre el bicentenario de la república para no apoyar por omisión una visión monolítica de los 200 años de nuestra accidentada vida republicana.
- Fomentar cabildos abiertos en los territorios comunales/barriales y en el espacio virtual (web). Incorporando nuevas tecnologías y una estética novedosa y motivadora para la gran mayoría de la población.
- Las resoluciones de este congreso deben ser la guía del accionar político y social de todas las organizaciones que participaron. Definiéndose como un discurso y posición común de todas las organizaciones participantes.
- Comprometer públicamente a aquellos candidatos o autoridades locales (alcaldes) que expresen su apoyo por una asamblea constituyente a realizar consultas populares comunales. Invitar de igual forma a los candidatos o dirigentes estudiantiles, sociales, sindicales y gremiales a realizar el ejercicio de la consulta popular por una constituyente para el país en sus respectivos espacios.
- Trabajar por la conquista del pueblo en el gobierno, porque mientras éste no sea gobierno no habrá solución.

COMISIÓN DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Ratificamos:
- La Convención de Biodiversidad de la ONU de 1992.
- El Convenio de la OIT de 1989.
- La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU del 27 de mayo de 1974.
- Lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
- El Convenio 107 de la OIT de 1957.

Afirmamos:
- Que los Derechos de los Pueblos Originarios consisten en el conjunto de Derechos Fundamentales. Siendo el Derecho a la Libre Determinación una de las precondiciones necesarias para concebir las condiciones de posibilidad de la realización cabal e integra de todos los demás derechos humanos.



Consideramos:
- Que en las diversas comunidades de Pueblos Originarios se presentan altos niveles de pobreza y de desempleo, lo que contrasta fuertemente con el cuantioso nivel de inversiones de los mega proyectos mineros que se han instalado en la zona, pero que ocupan minoritariamente a los habitantes de la zona, prefiriendo la ocupación de mano de obra afuerina y subcontratada.
- Que la implantación de un modelo neoliberal ha provocada aún más el empobrecimiento de nuestras comunidades, arrebatando tierras por parte de corporaciones forestales, empresas nacionales y trasnacionales, a través de su discurso de progreso con un carácter dominante e imperialista. Han empezado a arrebatarnos nuestro más preciado tesoro, nuestra tierra, el agua y nuestra naturaleza, el desmantelamiento de los bosques nativos, cambios en nuestra cultura ancestral, perdida de las lenguas originarias, cambios en el medio ambiente (calentamiento global).
- Que la validación del modelo neoliberal a través de la constitución del 80´, factor legislativo preponderante, han violentado económicamente a una gran parte de la población; el 5% más rico es el dueño del país desde el punto de vista político, económico y hasta religioso.
- Que el concepto de Estado Plurinacional es una propuesta
política viable para nuestros países, que parte del reconocimiento de la diversidad de Nacionalidades, pueblos y culturas, de valorarlas y
promoverlas y es una propuesta que busca alcanzar la unidad en la
diversidad, generando relaciones interculturales que nos permitan
construir un futuro común para todos.

Rechazamos:
- La implantación de modelos de fuerza y usurpación a través de la historia dirigidas especialmente a los pueblos indígenas de América y avaladas por diferentes legislaciones (fuero juzgo, el libro de los jueces la siete partidas las leyes de indias) propiciaron una gran abatida primero por parte del poder español y después por los estados nacionales, en contra de los indígenas americanos y que ha provocado marginación, empobrecimiento y discriminación sistemática.
- El tratamiento que el Gobierno de Chile a dado al Pueblo Mapuche, el cual sufre por este sistema económico impuesto por quienes detentan el poder, los grandes grupos económicos que hoy destruyen nuestros Territorios, contaminan nuestras aguas y depredan nuestros recursos naturales. Ellos son los responsables directos también de la fuerte represión por parte del estado chileno ya que este protege a como dé lugar los intereses de esto grupos económicos, persiguiendo, reprimiendo encarcelando y/o asesinando a todo aquel que esté en contra de ellos. Todo ello en desmedro de la cosmovisión Mapuche o de otros Pueblos.
- La interpretación elaborada por el senado a las normas del Convenio 169 de la OIT.
- La criminalización por parte del Estado y el Ministerio Público de las expresiones de demanda para el cumplimiento de sus derechos humanos.
- La existencia de presos/as políticos/as mapuches.
- La ocupación policial con lógica militar de sus territorios y comunidades.

Exigimos:
- El cambio de la institucionalidad expresada en la Constitución Política de la Dictadura Militar, mediante la creación de una nueva constitución y que sea resultado de una asamblea constituyente elegida por votación popular, secreta e informada. Solo de esta forma avanzaremos hacia la constitucionalización plena de los derechos de los pueblos indígenas y la reivindicación de sus derechos políticos y colectivos en el marco de un estado plurinacional. Esto se traduce entre otros, en el reconocimiento de sus territorios, sus autoridades y la creación de nuevos mecanismos de participación política.

- Difundir en todos los espacios posibles la necesidad de reconocer y dar cumplimiento a los tratados internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas de Chile y que garantizan el derecho a la libre determinación. Uno de esos tratados es la ratificación del Convenio 169 de la OIT y fundamentalmente la Declaración de Reconocimiento a los Pueblos Indígenas efectuada por Naciones Unidas, el 13 de septiembre recién pasado.

- Armar redes interconectadas a objeto de generar vías alternativas de difusión de las situaciones de violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios que se están viviendo en los distintos puntos del país y que son silenciadas permanentemente por los medios de comunicación masivos. Debemos convertirnos en voceros de las denuncias y principalmente de las acciones a desarrollar para sumar al mayor número de organizaciones.

- Por otra parte proponemos una acción directa inmediata: Que el Congreso de derechos Humanos en pleno se dirija a la Moneda el día lunes 10 de diciembre a las 18:00 hrs. a objeto de exigir la inmediata liberación de los presos políticos mapuche y la revisión y absolución de la condena a los Hermanos Presos Políticos Mapuche, acusados de incendio catalogado como “Terrorista” por vulnerar sus Derechos.

- Se hace necesario entender y dar la razón que en Chile existen diez nacionalidades que hoy reclaman ser reconocidas y respetadas como pueblos, en la instalación de una nueva institucionalidad política, social, cultural y económica que de efectiva respuesta a los procesos de reivindicación de derechos.

COMISIÓN DERECHO A LA PAZ

Ratificamos:
- Lo proclamado por las Naciones Unidas y la aprobación de su Carta Fundamental en 1945.
- Lo consagrado en pactos internacionales de derechos humanos en lo cuales se considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
- La Proclamación de Teherán de 1968 la que establece: “para la realización plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales son indispensables la paz y la justicia”.
- Por su parte, la Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, aprobada un año más tarde por la Asamblea General, la que afirma en su Preámbulo que “la paz y la seguridad internacionales, de una parte, y el progreso social y el desarrollo económico, de la otra, son íntimamente interdependientes y ejercen influencia entre sí”.
- La Declaración de Viena aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993 la que reafirma una vez más el vínculo existente entre la paz y los derechos humanos al señalar que “los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas por lograr el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos contribuyen a la estabilidad y el bienestar necesarios para que haya relaciones de paz y amistad entre las naciones y para que mejoren las condiciones para la paz y la seguridad, así como para el desarrollo económico y social, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.
Afirmamos:
- Que el Derecho a la Paz, al Desarrollo y a la Democracia forman un triángulo recíproco. Los tres se requieren uno a otro. Sin democracia no hay desarrollo duradero: las disparidades se hacen insostenibles y se desemboca en la imposición y el dominio.
- Que el Derecho a la Paz es de acción positiva y dinámica, que contiene el respeto de los derechos humanos y el desarrollo integral de los pueblos.

Consideramos:
- Que al no resolverse las violaciones a los derechos humanos, perpetradas entre 1973 y 1990, con criterios de Justicia y Verdad plena, no existen plenas condiciones para la paz social.
- Que la falta de espacio y libertad para la participación y la protesta social siempre potencia la expresión violenta y la represión por parte de los agentes del Estado.
- A pesar de la baja participación de las personas en los partidos políticos la opinión de éstos prevalece por sobre la opinión de la mayoría de la ciudadanía. Lo que genera frustración social.
- La existencia de una gran concentración de poder político y económico tiene como consecuencia una pésima distribución del ingreso lo que no genera condiciones para una paz social.
- La paz garantiza las condiciones de respeto de todos los derechos humanos.
- La paz corta el circuito del dinero para las grandes transnacionales dedicadas al tráfico de armas.
- La paz fortalece la integración de los pueblos.
- La paz permite liberar grandes recursos económicos para cubrir las necesidades sociales básicas.

Rechazamos:
- El servicio militar obligatorio
- La utilización de las fuerzas de orden y seguridad para “pacificar” la protesta social y política mapuche.
- El desplazamiento de fuerzas armadas y de orden a zonas de conflicto internacional sin un debate previo de cara a la ciudadanía y asumiendo la responsabilidad, en materia de DD.HH., que aquello implica.
- La tibieza con que Chile ha tratado el problema de la agresión imperialista de los EE.UU. en otros países.

Exigimos:
- Incorporar a nivel constitucional el rechazo a la guerra como forma de resolver conflictos con otras potencias.
- Legislar para que no se utilice la represión policial frente a toda la manifestación social no violenta.
- Incorporar en la educación, la Cultura de la Paz, utilizando la metodología de la no violencia activa.
- Legislar y respetar la objeción de conciencia.

COMISIÓN DERECHO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ratificamos:
- Lo expuesto en la Resolución 3054 de la Asamblea General de la ONU que trata de los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.
- La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.
- La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 1976.
- Los pactos universales y regionales de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales.

Afirmamos:
Que el Derecho a la Cooperación Internacional consiste en el derecho inalienable de los pueblos a dar y recibir apoyo internacional y fomentar los mecanismos de integración de los Pueblos para la consecución de la defensa, promoción y cumplimiento de los Derechos Humanos.


Consideramos:
- Que el modelo neoliberal ordenado bajo el criterio del mercado jibariza las relaciones de protección del Estado para con las personas. Las relaciones vigentes entre el Estado y la sociedad se caracterizan en su mayoría por ser relaciones de control, coacción y represión.
- Que el neoliberalismo promueve el libre tránsito de capital y provoca trabas y discriminación para la libre circulación de las personas, lo que provoca situaciones de irregularidad administrativa, que favorece escenarios de sobre explotación y vulnerabilidad.
- Que los medios de comunicación masivos están al servicio del capital y las transnacionales, mienten, ocultan y distorsionan los actuales procesos progresistas populares en América Latina.

Rechazamos:
- La postulación de Chile como parte integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- La ocupación de la ex casa de tortura ubicada en la calle Londres 38, en Santiago de Chile, por parte del Gobierno para establecer el mal llamado Instituto de Derechos Humanos.
- La persecución y agresiones por parte de las fuerzas policiales contra las trabajadoras y trabajadores migrantes.


Exigimos:
- Más injerencia del Estado en la protección económica y social de las personas frente a la especulación, a la sobre explotación y la vulnerabilidad social a las cuales el sistema de mercado expone a las personas.
- Elecciones de las autoridades desde las bases sociales con revocación del cargo.
- Un orden económico justo para los pueblos. Generar apoyo y validación del ALBA.
- Destrabar administrativamente el libre tránsito de las personas en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna.
- La implementación de un programa de atención y mediación cultural que aborde principalmente la atención de los derechos de los inmigrantes y faciliten su inserción socio-cultural.
- La derogación de todas las penas de extrañamiento que afectan a los ciudadanos inhabilitados por el Estado y el poder judicial, validando el derecho a vivir y a morir en su tierra.
- Sin pretender validar el mecanismo de creación de los Tratados de Libre Comercio, solicitamos a la Unión Europea que revise los puntos exigidos a Chile para firmar dichos tratados, entre otros: respeto a los Derechos Humanos, respeto a los derechos laborales de los Pueblos Originarios y respeto al Medio Ambiente.

COMISIÓN DERECHO A LA MEMORIA

Ratificamos:
- Todos los Instrumentos Internacionales y Regionales de Derechos Humanos, especialmente la Declaración de los Derechos de los Pueblos.

Afirmamos:
- Que entendemos la memoria como una herramienta de lucha y cambio. Trabajamos por reconstruir la memoria del campo popular y los oprimidos, en contraposición a la historia oficial del milagro económico y el costo social mínimo para la instalación del modelo neoliberal en Chile.
- El Derecho a la memoria consiste en el derecho de un pueblo a participar en la definición de las políticas públicas en relación a la construcción de la historia oficial.

Consideramos:
- Los ejes irrenunciables de nuestra lucha son la verdad y la justicia, no sólo respecto de las víctimas de la dictadura, sino de todos aquellos que hoy son reprimidos por defender sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales, siendo criminalizada su actividad.
- Porque recordamos y las huellas de la represión surcan nuestras experiencias, reconocemos que la instalación del modelo de organización del país que la Dictadura Cívico Militar realizó y que los Gobiernos de la Concertación se han encargado de administrar y profundizar, se opone al proyecto histórico del pueblo chileno de construir una patria justa, solidaria y socialista.
- Porque recordamos, el rescate de la memoria histórica que realizan los participantes y las organizaciones representadas en esta convergencia busca justicia en los casos de violaciones a los Derechos Humanos, y verdad frente a la mentira histórica que sitúa la práctica de los compañeros y compañeras víctimas de la represión política vivida durante la Dictadura Cívico Militar en el margen del terrorismo y el desvarío político;
- Porque recordamos, sabemos que el Estado chileno, hoy, se dota de una política de Memoria que se expresa tanto en la relación que establece de manera segmentada con las distintas agrupaciones y sujetos, como con la creación de instituciones, que tiende a la monumentalización del recuerdo, esterilizando el legado político de cada uno de las compañeros y compañeras, y transformando la Memoria de sus luchas en artículos de museo y paseo público
- Abrir un debate acerca del rol del Estado en el diseño e implementación de la memoria, y respecto del financiamiento de las organizaciones de DD.HH.


Rechazamos:
- La Constitución de 1980 y las modificaciones que le han introducido los Gobiernos de la Concertación. Proponemos su derogación, e iniciar la creación de una asamblea constituyente.
- La propuesta del Instituto de Derechos Humanos del Gobierno y su emplazamiento en la casa de tortura en Londres 38.
- La postulación de Chile en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
- Las pensiones que reciben de parte del Estado Chileno los militares procesados por violación de los Derechos Humanos.

Exigimos:
- Propiciar el establecimiento de un poder judicial realmente independiente, de generación democrática, que responda a los intereses de todos los chilenos y no sólo de los poderosos.
- Reformular la malla académica educacional obligatoria, incorporando una asignatura de derechos humanos.
- Denunciar, querellar y perseguir a los culpables, sus ideólogos y cómplices de la violación de los derechos Humanos;
- Ampliar las prácticas de Memoria más allá de la coyuntura política representada por el periodo 1973 – 1990, abarcando la recuperación inclusiva de la memoria de todos los oprimidos de la historia de Chile, desde la lucha de los pueblos originarios hasta el legado actual de los sujetos que hoy se enfrentan a la depredación de sus recursos naturales, la persecución de sus organizaciones, la injusticia social y la atomización de las demandas populares.
- Nuestro derecho a la memoria, interpelando al Estado Chileno y a la sociedad respecto de la censura de 50 años que el “No hay mañana sin ayer” de Ricardo Lagos impuso a los testimonios de violación de los derechos humanos recogidos por la Comisión de Verdad y Conciliación y la Comisión de Investigación de Prisión Política y la Tortura.

- Que nuestra memoria sea conocida por todas las personas, en particular por las organizaciones populares que hoy día luchan por sus derechos.
- Que en el Contexto del Bicentenario, se fomente la creación, sistematización y difusión de la memoria de lucha de nuestro pueblo desde la conquista hasta el presente.

DECLARACIÓN PRIMER CONGRESO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

Santiago de Chile, 10 de diciembre de 2007.

A todos y todas los chilenos y chilenas,
A todos los pueblos de Chile,
A la comunidad internacional:

A un año de la muerte del dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, hemos sentado las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.
El Congreso Nacional de Derechos Humanos congregó a 350 representantes del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana.
Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.
El Congreso nacional de Derechos Humanos después de realizar un diagnóstico acerca del estado de la situación actual de los derechos humanos en el país llegó a la conclusión que:
- 17 años de políticas públicas impulsadas y ejecutadas bajo los principios del neoliberalismo han dado como resultado un aumento de la desigualdad e inseguridad del respeto a los derechos elementales que garanticen el desarrollo pleno de las personas en Chile, durante todo el ciclo de su vida.
- El Estado de Chile es estructuralmente violento en relación al incumplimiento de los derechos civiles y políticos de los integrantes de las regiones y pueblos de Chile, en particular del pueblo Mapuche.
- El Estado de Chile es autor y cómplice de la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.
- El Estado de Chile es participante activo en la transgresión de los derechos colectivos de los pueblos.
- Las fuerzas políticas representadas en los poderes del Estado no han tenido la voluntad de cambiar la situación; por el contrario, han tomado decisiones y efectuado medidas que ahondan la condición de vulnerabilidad de los derechos humanos. En consecuencia, tienen responsabilidad directa en su desacato.
- En tanto, el Estado de Chile sustente una orientación neoliberal y resguarde el marco jurídico de la Constitución de 1980 y sus modificaciones, los derechos fundamentales de las personas se encontraran en un estado permanente de vulnerabilidad.

Visto así y sensibilizados por las justas demandas de nuestra ciudadanía, las organizaciones representadas en este Primer Congreso de Derechos Humanos nos hemos propuesto elaborar una plataforma de derechos humanos para el siglo XXI que permita hacernos cargo e impulsar:
- La toma de conciencia respecto a que todos los problemas, vejámenes y mala calidad de vida se deben al incumplimiento de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres de las regiones y pueblos del país.
- La ampliación y extensión del espectro de participación en la lucha por el cumplimiento de las garantías que contienen los articulados de las distintas declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos.
- La entrega al Gobierno y al Parlamento de la Plataforma de los Derechos Humanos para el Siglo XXI.
- Difundir ampliamente, por todos los medios posibles, las conclusiones del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
- Realizar en todas las comunas del país sesiones de debate y reflexión en relación a los resultados del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos.
- Diseñar participativamente una agenda que movilice a las mayorías de la ciudadanía comunal, regional y nacional, hacia un proceso que culmine con la realización de una Asamblea Constituyente que nos dote de una nueva institucionalidad política, fundada en el respeto de los Derechos Humanos en una perspectiva integral y que tenga al ser humano como valor central de dicha institucionalidad.

En cuanto a las aspiraciones y propuestas de la Plataforma de Derechos Humanos para el Siglo XXI, es posible adelantar:
- La necesidad de la refundación política y jurídica de Chile a través de una Asamblea Constituyente que tenga por objetivo la elaboración de una nueva carta fundamental que:
Reconstruya la autoridad soberana del Estado Social mediante una democratización del sistema político y la reorganización democrática de la justicia.
Recobre nuestros recursos naturales y estratégicos. Instrumentos claves para definir y sustentar la vida futura en el país.
Recupere las empresas encomendadas de generar, administrar y distribuir los servicios públicos básicos para una vida digna y soberana de todos y todas. Nos referimos a: Transporte público, agua, electricidad, salud, vivienda, educación y seguridad social. Servicios que no pueden tener como objetivo el lucro sino que cumplir con una necesidad básica de la ciudadanía para una vida en armonía, paz y seguridad.
Reconquiste el trabajo digno, el pleno empleo, la producción de Chile para Chile y el salario real y justo de todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñen en el país.
Combata la corrupción y la inseguridad.
Proteja efectivamente el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación.
Reconozca la condición multinacional y pluricultural del Estado de Chile.
Asegure la libertad de expresión y prensa a través de una política de comunicación plural y participativa.
Respete y defienda la diversidad sexual, de género, y la libertad que implican los derechos sexuales y reproductivos.
Fomente y ejerza, efectiva y eficientemente la inclusión social de los ciudadanos que tienen algún grado de discapacidad psíquica o física.
Construya una sociedad basada en la verdad y la justicia donde la impunidad no sea una propiedad que ampare el actuar de los funcionarios y funcionarias del Estado. Así, como también evite y sancione el abuso de los grupos económicos y de poder que actúan arbitrariamente en el país.

Finalmente, el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos declara en lo inmediato:
1.- Dar inicio de manera democrática y participativa al proceso social que derive en la conformación de una Asamblea constituyente;
2.- Exigir al Estado de Chile y a sus representantes la libertad definitiva de los prisioneros políticos mapuches y el fin de la aplicación de la ley antiterrorista ante sus demandas políticas, sociales y culturales;
3.- Rechazar la incorporación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta que el Estado de Chile no se comprometa e implemente el cumplimento fiel, íntegro y justo de cada una de las disposiciones de las cartas internacionales en la materia;
4.- Rechazar el proyecto de ley, que crea el Instituto de Derechos Humanos, ya que no da garantías de autonomía y defensa efectiva frente a las violaciones de los derechos fundamentales. Así mismo, rechazamos su emplazamiento en la ex casa de tortura de Londres 38.
5.- Exigir la libertad a los prisioneros políticos chilenos en el extranjero mediante peticiones a organismos nacionales e internacionales;
6.- Apoyar con fuerza las gestiones y peticiones de todos y todas las familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en su justa pretensión de castigo efectivo a los culpables. De igual forma, rechazamos las medidas de prescripción así como la aplicación velada de la ley de amnistía en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En ese sentido, apoyamos a la familia de Jecar Nehgme Cristi en sus críticas y peticiones a la Corte Suprema, caso que será visto en última instancia este miércoles 12 de diciembre.
7.- Solidarizamos con los trabajadores que se encuentran en la toma de la escuela Santa María de Iquique por el reclamo justo de sus derechos laborales.
8.- En materia de cooperación internacional, exigimos al estado colombiano que asegura la integridad física y psíquica de los abogados de derechos humanos. El Congreso Nacional de Derechos Humanos hará llegar a los organismos internacionales respectivos, a la corte interamericana y al Estado colombiano una declaración dando cuenta de esta situación.
10.- Exigimos la revisión transparente y de cara a la ciudadanía de la política de cooperación militar en misiones en el extranjero. Rechazamos el envió de militares chilenos a la Escuela de las Américas y exigimos el cese de dicho convenio. Nos parece ofensivo que el estado de Chile continúe enviando militares a especializarse a dicha academia militar, siendo que en el pasado reciente, dicha instrucción fue utilizada para implementar la tortura, ejecución y desaparición de personas en todo el territorio nacional.
11.- Solidarizamos con la demanda de que se legisle afirmativamente en relación al derecho a voto de los chilenos en el exterior. Exigimos que se recupere su ciudadanía plena, arrebatada por la legislación pinochetista.
12.- Exigimos se termine con la persecución a todos y todas los inmigrantes, ningún ser humano es ilegal. A igual trabajo igual salario. Libertad de tránsito a todas las personas.

Por una Vida Justa y Digna
Por un País Justo y Digno
Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos.



Actualizado ( Jueves, 23 de Abril de 2009 04:54 )
 

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