EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRESIDENTE
SR. JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR
ERIKA HENNINGS CEPEDA, presidenta de la organización "Londres 38, espacio de memorias", ALICIA LIRA MATUS, Presidenta de la “Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos” (AFEP) y GABY RIVERA SÁNCHEZ, presidenta de la “Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos” (AFDD), a VS. Excma., a nombre de nuestras organizaciones, respetuosamente expresamos lo siguiente:
Es de nuestro especial interés dar a conocer al Pleno de la Excma Corte Suprema nuestra preocupación por el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos en dictadura y la urgencia de aunar esfuerzos para avanzar de manera más rápida y decidida.
Mucho se ha hablado de esta deuda del Estado de Chile en materia de verdad y justicia y lo que la sociedad “pudo haber hecho" y no hizo en estos ya casi 50 años. En 2013, con motivo de cumplirse 40 años del golpe de Estado, el pleno de la Corte Suprema suscribió una declaración reconociendo “las graves acciones y omisiones” de los tribunales y “principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas”. En dicha declaración los ministros firmantes calificaron el comportamiento de sus antecesores como “una dejación de funciones jurisdiccionales” que debía ser reconocida “para que ese comportamiento no se repita”. Lamentablemente, en estos diez años, no hemos visto que ese reconocimiento se haya traducido en acciones decididas y eficientes, ni en resultados que signifiquen un avance sustantivo en materia de verdad y justicia en los casos de personas detenidas y desaparecidas.
Como es de conocimiento del Pleno de la Excma Corte Suprema, desde hace ya cinco décadas, familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos hemos realizado innumerables gestiones judiciales, administrativas e incidencia ante las autoridades políticas, religiosas y de las fuerzas armadas y policiales, a fin de avanzar en verdad y justicia respecto de las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura.
Si bien hay ciertos avances respecto de parte de las causas -entre los que destacamos el trabajo de la Segunda Sala de la E. Corte-, debemos señalar que estos avances siguen siendo parciales e insuficientes respecto a los demás procesos en tramitación: sólo el 23,2 por ciento de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada (según cifras de 2020). De 1.469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas. También han sido muy pocos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los victimarios. Lo anterior significa que la mayoría de los procesos han acumulado información redundante y se han cerrado sin datos nuevos y relevantes sobre el paradero de las víctimas, ni sobre las circunstancias y responsables de los asesinatos y desapariciones, a pesar de que, en muchos casos, hace décadas ya conocíamos las circunstancias, lugares y responsables de las detenciones.
Consideramos de la mayor importancia que el Poder Judicial, liderado por su máximo tribunal, forme parte de la política de derechos humanos que compromete al Estado de Chile, dado su importante rol en las causas que aún se encuentran vigentes. La obligación de investigar, perseguir y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales, obligaciones de las que surge el deber de debida diligencia en el inicio e impulso de la investigaciones y de rendición de cuentas, precisamente cuando se trata de crímenes permanentes perpetrados por el propio Estado. Recordamos que la contracara de esas obligaciones son los derechos de toda persona -incluyendo a las víctimas y sus comunidades-, a conocer la verdad de lo sucedido. Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las víctimas a que se adopten las medidas necesarias para conocer la verdad e investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables”(Corte IDH. Caso Flores Bedregal Vs. Bolivia).
En el adecuado cumplimiento de dichas obligaciones, el rol del Poder Judicial es fundamental para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, cumpliendo con los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, exhaustividad y participación de las víctimas y familiares, cuestiones todas en que el Estado de Chile está al debe.
Por último, considerando el Plan Nacional de Búsqueda de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos, anunciado por el gobierno, en el contexto además de la próxima conmemoración de los 50 años del golpe militar, estimamos que el Poder Judicial debe tener un rol central. Pero este rol no puede circunscribirse a los límites actuales sino que, por el contrario, debe ampliar su acción, incrementar los recursos y el personal destinado a esta tarea, impulsando nuevas y decisivas diligencias y concentrando mayores esfuerzos en las causas pendientes, considerando que ahora, más que nunca, el tiempo juega en contra del establecimiento de la verdad y la justicia, cuestión de la máxima importancia no solo para los familiares de las víctimas, sino para el conjunto de la sociedad.
Para la salvaguarda efectiva de los derechos que hemos invocado haciendo presente el transcurso de 50 años desde el inicio de la perpetración de los crímenes de Estado, en especial atención al derecho de las víctimas y sus comunidades de ser escuchadas, es que solicitamos a S.S. Excelentísima informarnos sobre las medidas adicionales al trabajo en curso de los tribunales que se ha dispuesto, o dispondrá, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y en particular, como parte de la contribución del Poder Judicial al Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el gobierno.
POR TANTO, en atención a los antecedentes invocados,
Solicitamos a SS. EXCMA., que tenga a bien incluir en el debate del próximo Pleno, los antecedentes aquí expuestos a fin de que se dé cuenta de las preocupaciones acá presentadas y se proceda a dar una respuesta a los mismos.
ERIKA HENNINGS CEPEDA
Presidenta
Londres 38, espacio de memorias
p.p. RAQUEL ROA
ALICIA LIRA MATUS
Presidenta
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
GABY RIVERA SÁNCHEZ
Presidenta
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
